Empezaremos por decir que el crimen transnacional organizado es un fenómeno que ha crecido muchísimo durante las últimas décadas y que ha obligado a constituirse como una prioridad para muchos países desarrollados y sin duda algunos países en vías de algunos países en vías de desarrollo. En los últimos años, este fenómeno global se convirtió en un flagelo transnacional, trans fronteras, trans culturas, trans etnias.
Es tan amplio su poder que afecta al mundo entero y tiene unos vínculos poderosos que van de este a oeste, de sur a norte a través del planeta que fortalecen estructuras que a pesar de ser de ser un fenómeno global nos afectan a nivel local. Básicamente, todas las actividades y escenarios delictivos se dan lugar dentro de los países y a través de sus fronteras de los países y es la droga el insumo más influyente en la proliferación del crimen a nivel mundial. En este sentido, el mapa de vínculos del crimen organizado preocupa a las grandes potencias.
Históricamente, una alta proporción de las sociedades han estado marcadas y movilizadas por la tendencia permanente de buscar espacios seguros donde la calidad de vida y progreso les permita generar una transformación que involucre a todos los actores sociales. Bajo esta perspectiva, desde las primeras civilizaciones hasta la actual se han intentado abordar las soluciones y en este sentido se han realizado una serie de propuestas, tácticas y estrategias, leyes, políticas públicas, decretos y un sinnúmero de normativas en aras de bajar los indicadores. Sin embargo, todo queda en suspenso frente al poder del crimen organizado. Hoy es más evidente su metamorfosis, eso se puede evidenciar en las contantes investigaciones e informes de los entes encargados y la comunidad internacional se sorprende frente a la creatividad y mutabilidad cuando se develan los secretos y se desnudan las organizaciones criminales.
Considerando las tendencias actuales, este texto, pretende analizar el panorama de la seguridad internacional y la incidencia negativa de este macro flagelo frente a la capacidad de respuesta que poseen los países. Por ello, en el primer apartado se permitirá una lectura sobre la manera como se enfrenta el crimen a nivel internacional, nacional y local. En el segundo apartado se pretende analizar las respuestas que han elaborado los países y las organizaciones internacionales en el marco de los procesos de interacción gubernamental. En el tercero, se hace un especial énfasis en la corrupción y su papel en la promoción del crimen, en el cuarto apartado, se somete a juicio el rol de la sociedad y su participación en los procesos criminales como cómplice o promotora, como quinto aparatado, se analizará la situación colombiana desde un enfoque desde la seguridad nacional. Y por último y no menos importante los efectos del crimen organizado en los estados del siglo XXI.
Si bien no existe aprobación en la comunidad académica sobre el término Crimen Organizado Transnacional (COT), en el presente texto se partirá de lo consagrado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o Convención de Palermo (2000) donde se infiere que un grupo delictivo organizado es una organización de dos, tres o más personas, que existe con cierta antigüedad y cuyo propósito es cometer uno o más delitos graves, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico o material. Dichos delitos pueden ir desde el narcotráfico, pasando por el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el lavado de dinero, hasta el tráfico ilícito de armas de fuego y otras como lo menciona la Convención.
En este paisaje matizado de contextos y perspectivas cuenta demasiado el análisis de las dificultades de los actores estatales y no estatales, el amplio espectro de demandas y los desafíos que involucra los procesos de globalización, exclusivamente los tópicos relacionados con la seguridad, donde sobresalen aquellas nuevas amenazas relacionadas con el subdesarrollo económico, cultural y educativo y la marginalidad como motor de actos ilícitos trasnacionales. Es allí, donde la sociedad juega un papel preponderante. Sobre esta base, el presente apartado se propone analizar el desarrollo del crimen trasnacional organizado en la región y las respuestas gubernamentales cuando se pretende una lucha frontal contra el crimen organizado trasnacional.
Una lucha frontal
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), en su informe del año 2020, manifiesta que el sistema internacional ha sufrido cambios profundos gracias al aumento sistemático del crimen organizado trasnacional. Muchos de esos cambios han permitido visibilizar a actores no estatales involucrados en actos de corrupción, impunidad, tráfico de drogas, personas, armas, especies, entre otros. Hoy, desaparecieron los espacios limitados por el control territorial de los estados por influencia directa de los dineros y grupos armados al servicio del crimen organizado. De igual manera, estos cambios han generado nuevos espacios de interacción, que antes estaban copados por los gobiernos, lo que ha posibilitado que distintos grupos criminales puedan tener mayor influencia en las dinámicas sociales, económicas y políticas, trascendiendo a los estadios donde converge el tema de seguridad y bienestar.
Desde una perspectiva holística, se puede inferir que el acrecentamiento e intensificación del crimen y la violencia están impactando sobre las funciones del Estado en especial sobre el orden público y la seguridad. En este sentido, las acciones represivas no preventivas han permitido su metástasis. Es hora que, el Estado como una única institución legítimamente constituida optimice además de facultades, recursos y políticas de prevención estructural para complementar la labor operativa que realiza la fuerza pública para combatir el CTO.
Solo así, desde esta óptica organizacional será posible que mengue el engaño de la economía y su volatilidad, el sentimiento de injusticia, frustración y desconfianza social, para dar cabida a un posicionamiento de las entidades del Estado y confirmar su gobernanza. Sin embargo, para que suceda se requieren políticas públicas que no reduzcan su impacto a la operatividad del sistema represivo o de control militar y policial, sino que coadyuven a la población civil a comprender el diseño y la implementación de roles de responsabilidad social del Estado.
Para dinamizar lo anterior, es imperativo crear mecanismos de protección social, optimizar el gasto social y mejorar la estructura tributaria, de esta manera se habilitarán los recursos para minimizar el riego de la exclusión social. Bajo esta el amparo de leyes y políticas públicas desde el Estado se pretende proyectar un panorama de confianza institucional.
Asimismo, Cámara y Salamá (2004) plantean que las políticas públicas deben impactar la sociedad y desde el Estado promover el capital social como instancia de valor productivo, de movilidad social y factor de integración, de esta manera, será posible reestablecer valores y códigos de convivencia que mitiguen la violencia y promuevan un estado de bienestar que mejore los índices de percepción de la corrupción y la impunidad.
Las diversas investigaciones han determinado que la delincuencia organizada de tipo transnacional está compuesta por sujetos que exhiben el calificativo de delincuentes debido a que son operantes de diversos tipos de delitos en diferentes países. Hoy, la lucha es ardua y desgastante gracias a los espacios geográficos donde opera este tipo de delincuencia. Asimismo, los instrumentos para combatir el COT deben actualizarse en gran medida por el influjo de la globalización.
Es necesario, modernizar las herramientas de que dispone el Estado, porque los criminales si lo hacen. Precisamente, este tipo de crimen tiene enormes consecuencias en la seguridad, ya que controla o posee grandes cantidades de dinero, lo que convierte a estos criminales en un problema para el sector económico, que del mismo modo trasciende a otras esferas del Estado generando en todas ellas corrupción e impunidad. Desde este orden de acciones, las organizaciones estatales que combaten el crimen deben prepararse, porque el estatus transnacional que ya ostentan viene a ser una amenaza de seguridad, no solo para un país, sino para el hemisferio.
En este sentido, las estrategias que deben utilizar las instituciones y los gobiernos para combatir el crimen organizado deben ser eficientes, eficaces y efectivas. Solo de esta manera la legitimidad y credibilidad de las autoridades mejorará. En el siguiente apartado se hará un acercamiento al rol que juegan los países/Estados en la lucha frontal contra el TOC.
Los países / estados
En relación con el crimen organizado, muchos países/estados han promulgado leyes, creado políticas públicas, buscado el apoyo de la comunidad internacional para gestionar e implementar instituciones que combatan de manera frontal los delitos y así poder ofrecer bienestar y seguridad que les permita construir un estado social de derecho ideal.
Sin embargo, no todo ha sido suficiente, las instituciones han fracasado constantemente o han sido permeadas por la corrupción; las personas migran en buscas de garantías para sus derechos y ante al acoso de la impunidad; las leyes han sido derogadas por la influencia de actores exógenos al margen de ellas creando zozobra; las políticas públicas han sido removidas gracias al impulso de maquinarias económicas y políticas que solo buscan perpetuarse en el poder, y el apoyo internacional ha cesado ante la ausencia de resultados de alto impacto global.
Desde siempre, las guerras, los conflictos bélicos y las amenazas a la seguridad han sido factores desestabilizantes de la paz en el mundo. Surgen y caen naciones buscando poder y desde sus dinámicas democráticas o dictatoriales han provocado cambios sustanciales en las sociedades. Zamora (2016) nos indica que un ejemplo de ello fue el período de la Guerra Fría. Una época marcada por un enfrentamiento indirecto entre dos potencias donde la encrucijada de seguridad fue una constante, es decir, la amenaza estuvo latente todo el tiempo lo que obligo a blindar los sistemas de seguridad y profesionalizar las fuerzas armadas para enfrentar un posible conflicto a escala mundial. Sin embargo, frente a estas situaciones coyunturales, los Estados se vieron abocados a una variación en la naturaleza y roles del Estado, en cuanto su rol internacional.
Lo anterior, generó una reconceptualización de las relaciones internacionales y se evidenció a través de una serie de eventos y procesos específicos, leyes y decretos manados de las Naciones Unidas en la ciudad de New York en el 2004. Entre ellas sobresalen la Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de noviembre de 2000 donde se crea la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Se da viabilidad al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Asimismo, la Resolución 55/255 de la Asamblea General, de 31 de mayo de 2001 se propone el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Para concretar la idea de país/estado, Kofi A. Annan, Secretario General de la ONU, plantea que, “los grupos delictivos no han perdido el tiempo en sacar partido de la economía mundializada actual y de la tecnología sofisticada que la acompaña. En cambio, nuestros esfuerzos por combatirlos han sido hasta ahora muy fragmentarios y nuestras armas casi obsoletas” (2004).
En este sentido, lo declarado por el Secretario General nos permite inferir que la Convención se convirtió en un instrumento eficaz para enfrentar el flagelo de la delincuencia como problema a escala mundial. Asimismo, los países/estados se vieron fortalecidos por la cooperación internacional y así gestionar las estrategias y tácticas para hacerle frente a la capacidad operativa, técnica y humana de los delincuentes internacionales. La Convención de Palermo permite a los estados actuar con eficacia y estos generar en los ciudadanos una idea de esperanza por salvaguardar la seguridad y la dignidad. En fin, esta normativa marca un precedente en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada y evita que el crimen trasnacional organizado empodere otros actores no estatales nacionales e internacionales, legales o ilegales. No obstante, lo anterior está sujeto a reflexiones desde el marco institucional estatal y el ejercicio del poder político para evidenciar si luego de más de dos décadas se logró el objetivo.
Para concluir este apartado, debemos comprender que los países/estados pretenden combatir la delincuencia organizada y gran parte de sus estrategias recaen en la búsqueda de legitimidad política y con el despliegue de diversos esfuerzos institucionales intentan combatirla. En Colombia, desde la Ley 1908 de 2018 se han fortalecido los procesos de investigación y judicialización de organizaciones criminales y se han adoptado medidas para su sujeción a la justicia y otras disposiciones que buscan minimizar su impacto en la sociedad; porque, las dinámicas que ocasionan las hace más transnacionales y peligrosas. El siguiente apartado permitirá inferir el rol que juega la corrupción en el empoderamiento que han logrado estas organizaciones en la sociedad.
Una mirada a la corrupción.
Este punto de análisis es crucial para entender de modo más integrado los apartados anteriores. Según Correa Fernández (2017), el estado colombiano, desde sus primeros años de constitución ha sufrido el flagelo de la corrupción, el cual se ha manifestado en una multiplicidad de formas y expresiones, que en su cotidianidad buscan satisfacer intereses personales frente a interés colectivo y para ello se valen de actos ilícitos.
El fenómeno de la corrupción crea discriminación entre los diferentes grupos de la sociedad, trae desigualdad e injusticia, desalienta la inversión y la ayuda extranjera y sobre lo anterior, obstaculiza el progreso en los territorios. Es, por consiguiente, que se ha convertido en un obstáculo del desarrollo social y económico de nuestro país.
Por lo tanto, adentrarse en el universo de la corrupción en Colombia es tan confuso como su origen mismo, es por ello que, referirse a los efectos que produce, en unos crea extrañeza y en otros, indiferencia. Ante esta cruda realidad, debemos preguntar ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad y por qué cada día salen a la luz pública más casos de corrupción? ¿Será que la sociedad colombiana, se tornó indiferente ante este flagelo y terminó por aceptarlo como una realidad más?
Estos y muchos otros interrogantes, han comenzado a surgir alrededor de los casos de corrupción ocurridos en Colombia durante la última década, en varios sectores como la salud, la educación, el saneamiento básico, la infraestructura y los sistemas de transporte, entre otros han sido permeados por la corrupción. Pareciera que el COT, es el único beneficiado en esta operación. Desde luego, los criminales no han perdido tiempo en aprovechar la economía globalizada. Hasta el momento, parece que los esfuerzos para combatirla han sido inacabados y en algunos casos, rudimentarios. Pero ahora, la Convención de Mérida celebrada en México en 2003, se convierte en otro instrumento sin precedentes para combatir la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual proporcionó los mecanismos para atacar la delincuencia y la corrupción en una escala mundial.
Desde diversas miradas, podemos inferir que la corrupción es una tragedia social que ha logrado establecer un amplio espectro de consecuencias negativas para las sociedades del siglo XXI. Sus tentáculos, de manera soterrada ha socavado la democracia y burlado los Estados. Su poder económico ha provocado una sistemática violación de los derechos humanos y distorsionado los mercados internacionales. Asimismo, continuamente afecta la calidad de vida de los individuos y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana trasnacional como lo ha planteado Transparencia Internacional desde el 2015. Por lo tanto, para clarificar el escenario y hallar las respuestas frente a dichas amenazas, hay que fomentar la confianza, la transparencia, aumentar la estabilidad, consolidar la democracia y proteger la seguridad y la paz; por ello, urge clarificar el valor de la Seguridad hemisférica.
Debemos como sociedad, asumir que la realidad actual exige mayor cooperación ante desafíos globales. Por lo tanto, se hace imperiosa la evolución de las doctrinas de seguridad para poder responder de manera adecuada a los nuevos paradigmas que afloran en la región en relación con los fenómenos de corrupción y crimen organizado.
Desde un recorrido por el estado del arte, podemos determinar que la corrupción es la espina dorsal que origina y agudiza otros problemas con implicaciones directas en la seguridad de las naciones y una ventaja estratégica para el COT. Desde hace décadas se ha dejado en evidencia que es rentable delinquir porque los gobiernos no son efectivos en la persecución del delito; al respecto, Kaufmann (2015) expresa que la gobernanza de un Estado se observa, no en una utópica ausencia de corrupción, sino en la firmeza y la calidad de la respuesta institucional frente a los delitos. A la luz de los acontecimientos, debemos ser conscientes que este fenómeno pretenderá seguir arraigado en la sociedad sino se gestiona un instrumento/entidad con la capacidad técnica, financiera y humana para construir de la mano de la sociedad civil estrategias efectivas que sean viables al momento de minimizar el impacto, contenerla y erradicarla de raíz. Esa puede ser la utopía o el reto, cada quien decide que asumir.
Para concluir este apartado, se debe prestar atención a lo expuesto por Cardona (2020) cuando expone que la corrupción se define como el conjunto de hechos mediante los cuales, funcionarios públicos y el sector privado, se valen de su poder institucional y económico, para hacer un uso ilícito de los recursos públicos en beneficio propio. Aquí nos urge inferir que, las normas por si solas no dan resultados, sino caeríamos en el populismo punitivo, por ello se requiere de instituciones sólidas y sanciones ejemplares que den un mensaje claro y desestimulen los actores. Queda en el ambiente que se está perdiendo la batalla contra la corrupción; quizás por ello, Kaufmann (2015) expresa que la lucha contra la corrupción no tendrá éxito porque se han limitado a iniciativas tradicionales. Es así, que verdaderas soluciones se estancan en medio de los debates políticos, y pareciera que la corrupción no se ha constituido en un riesgo, ni en una prioridad para los gobiernos y solo queda adentrarnos en el siguiente aparatado para comprender el rol de la sociedad en este triangulo maquiavélico.
El rol de la sociedad.
Cuando los cruces y relaciones entre la sociedad y el estado no son los ideales, se deja una puerta abierta para que la corrupción y el COT irrumpan de manera violenta. Como resultado de esta nefasta irrupción se construyen estados de emergencia, de limitaciones y queda entre dicho la institucionalidad. Es allí, en el caos social cuando se obran acciones punitivas y se construye de manera holgada el discurso de la delincuencia organizada.
Hoy, la realidad nos permite bajo la condición de observar sus reglas y seguir al margen. Es común hablar de un cartel de la droga, de una célula criminal, de una red delictiva. Se juzgan las implicaciones y las relaciones de poder que se gestan bajo el imperio de las armas, entre las normas penales que regulan el comportamiento de los individuos, entre las restricciones sociales y las formalidades financieras de los mercados internacionales y es desde una mirada sesgada que la sociedad queda en mitad del fuego cruzado.
Para muchos actores sociales resulta fácil o dispendioso expresar que algunos individuos se están confabulando para delinquir o que son la representación de la delincuencia organizada. Sin embargo, debe existir un trayecto constituido por los límites de un correlato y otro, así como por las reglas que operan dentro de la normatividad. Para que se pueda pensar y hablar de organizaciones delictivas es necesario acotar y poner ciertas reglas a la labor discursiva. Siguiendo las pistas del auge universal del crimen organizado podemos deducir que no es un fenómeno secundario o una amenaza más a la seguridad nacional o hemisférica. Todo lo contrario, el COT se ha convertido en una amenaza relevante y poderosa.
De esta forma, el crimen organizado dejó de ser una situación secundaria en las naciones, para volverse uno de los problemas prioritarios de la agenda de la seguridad global. Desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas organizaciones sociales se siente la agresividad del crimen organizado y el resto de la sociedad siente como se constituye en una de las peores amenazas para la existencia de la paz mundial.
La sociedad ha sido permeada por la cultura del crimen organizado propone o impone. Ya es cultural la perdida de los valores y la muerte, el caos y la destrucción se tornan como ideales supremos. Y es gracias a las redes sociales y la internet que hoy se sienta con mucha más crudeza su poder. Parece que COT busca despojarnos de nobles ideales y esclavizarnos a su antojo. No obstante, un sector mayoritario de la sociedad se manifiesta desinteresada sobre el rol que desempeña el crimen organizado en las decisiones políticas y los efectos que estas generan en lo que concierne a la economía. En este sentido, se debe alertar a la mayoría de la sociedad para que, de una forma u otra, se comprometa, sensibilice y sea parte activa en la lucha contra el COT y evitar que sigan burlando de la democracia y comprometan seriamente la seguridad pública.
Pese a lo anterior, es mínimo el número de individuos u organizaciones que se encuentran involucradas en los procesos jurídicos, sociales, políticos, culturales que pretenden combatirlo y atenuar las consecuencias en las nuevas generaciones. Por lo tanto, urgen gobiernos que desarrollen políticas públicas para combatir este flagelo y fortalecer el rol de la sociedad civil. Sin embargo, es necesario dejar claro que la degradación de la sociedad por el influjo del COT es posible.
En este preciso instante lanzamos la pregunta, ¿Qué es preciso realizar para que las organizaciones criminales asuman el control de comunidades e incluso países? A lo mejor, la respuesta es evidente y surge ante la inoperatividad del Estado. Cabe señalar, que, a tenor de las experiencias ajenas, Colombia debe incluir medidas que mejoren y garanticen la protección de las víctimas e impulsen iniciativas orientadas hacia la implicación civil en la lucha contra el crimen organizado. En fin, la clave estará en mejorar los indicadores de la percepción de la impunidad que poseen la sociedad civil.
Debemos recordar que la OEA en su Declaración sobre Seguridad en las Américas (2003) incluye nuevas amenazas a la seguridad con un carácter multidimensional, igualmente reconoce la soberanía de los Estados para identificar sus amenazas y fijar sus prioridades. Pero ineludiblemente requieren de cooperación internacional para enfrentarlas. Asegura también, que la corrupción es trasversal a otros problemas y tiene una fuerte incidencia en la seguridad hemisférica por lo que requiere acciones diferenciales para atacarla y de un compromiso irrestricto de todas las instituciones.
En este sentido, Colombia viene avanzando frente al fenómeno de la corrupción, pero falta camino por recorrer para logar salir de la media mundial frente al IPC, lo cual puede ser posible priorizando el problema y atacando con efectividad desde su raíz en el marco de los procesos democráticos. A pesar que la crisis migratoria venezolana ha tenido amplia repercusión en Colombia, el delito ha tenido efectos trasnacionales derivado de procesos sistemáticos de corrupción por parte de un gobierno autoritario como el de Venezuela y el crimen organizado aprovecha estas coyunturas para expandir sus redes y transformar estos estados en sus puertos globalizados.
A modo de conclusión, el COT y la sociedad no son entelequias separadas e independientes a pesar de los ámbitos de estudio; así pues, la comunidad internacional propone asumir que los fenómenos vinculados con la delincuencia organizada están en permanente diálogo con la ciudadanía y en su conjunto permite razonar que la actuación del Estado requiere también medidas sociales que promuevan el rechazo en ese diálogo implícito.
Efectos del crimen organizado.
La sociedad demanda del Estado toda su capacidad y esfuerzo para su protección ante la avalancha de la criminalidad. Somos conscientes que, ante la metamorfosis del COT, la responsabilidad del Estado es mayor y se ve obligado a no desatender sus obligaciones primarias de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política.
A partir de los datos entregados en 2021, las Naciones Unidas han manifestado que el COT posee la estructura económica y humana para destruir las bases del orden democrático y de la seguridad internacional. Asimismo, manifiesta que los grupos delictivos que se han involucrado en los escenarios políticos están imitando el comportamiento de empresas legales y con la anuencia de políticos y funcionarios públicos están vulnerando los controles estatales. Bajo estas dinámicas de poder se han adaptado con gran éxito a las distintas mecánicas comerciales y marketing internacional.
En los últimos años, la mutación del fenómeno ha permitido que la comunidad internacional observe con preocupación la influencia del COT en las decisiones políticas. Al intentar validar estas aseveraciones, se confirma un significativo número de actividades delictivas que ya son trasnacionales, entre las que sobresalen el lavado de dinero, tráfico de tecnología y material nuclear, comercialización de órganos humanos y desplazamiento ilegal de migrantes, lo que se vincula además a la prostitución, narcotráfico y tráfico de armas como lo confirma Duarte (2000).
Según la CEPAL (2004) Una de las situaciones más preocupantes, detectada por el crimen organizado como fuente de fertilización de sus actividades, es la situación precaria en la que está sumida una gran parte de la población. Son ellos, la fuente inagotable para la expansión de su imperio. Bajo esta premisa, el crimen organizado activo sus redes sobre áreas de concentración espacial. Zonas donde la convivencia social está agrietada y los mecanismos de exclusión social y la ausencia estatal reproducen la pobreza y la desigualdad a grandes escalas. A partir de este análisis, el COT acelera su presencia y mejora sus estrategias.
Según datos del DNP (2021) el narcomenudeo en Colombia aumentó ostensiblemente y movilizó grandes capitales. En el ámbito de los negocios es característica la piratería y el fraude. Estos hechos de crimen organizado afectan el comercio local y la competencia, porque forjan una influencia en los precios y un subsidio ilegal de los mismos, es decir que la economía subterránea derivada del negocio las drogas impactan negativamente la sociedad. Según datos de UNDC (2018) asegura que alrededor de 19.5 billones es el peso de la economía del COT, sin embargo, la ANIF, (2018) menciona que el valor puede alcanzar los 29.5 billones anuales. La magnitud de las cifras alarma a los gobiernos.
En Colombia existe una preocupación y se han generado debates políticos en torno al incremento del mercado interno de drogas ilegales, el aumento de la oferta de sustancias psicoactivas y el alza en los niveles de consumo. En el año 2016, el DNP, concluyó que Colombia, dejó de ser un país exclusivamente productor y se empezó a constituir como un país consumidor por la influencia del COT, que vio en parques, colegios, universidades y sectores marginales una oportunidad de mercado. Los patrones de consumo, las dinámicas de la distribución, los actores que impulsan la cadena de abastecimiento y las ganancias que generan, hoy se pueden asociar a la violencia y la criminalidad y no solo en las ciudades, sino que migró a los campos. De allí, la importancia geoestratégica de los territorios y la lucha por su dominio.
A modo de conclusión.
Colombia es un estado social de derecho y como tal, posee una serie de vulnerabilidades institucionales que sumado a sociales y económicas han sido la oportunidad para que sea amenazado el COT. Estas macro organizaciones han develado lo secretos institucionales y han dejado en evidencia la corrupción. Asimismo, han creado condiciones que han propiciado la inseguridad y violencia en sus más diversas manifestaciones.
En este orden, últimamente ha presentado niveles preocupantes de violencia asociada a la delincuencia organizada. Son muchos los autores que afirman que la violencia es un fenómeno que está profundamente ligado a la delincuencia organizada y que se refleja en la ausencia de mecanismos para terminar conflictos sociales.
Es válido traer a colación que, la violencia desde hace varias décadas afecta las condiciones de gobernabilidad democrática y se ha constituido un factor de erosión del Estado de Derecho y al afectar negativamente múltiples variables sociales, de acuerdo con la gravedad con que se desarrolle en cada caso específico.
Abordar un análisis de la influencia del COT sobre los contextos locales, nacionales y globales obliga a reflexionar sobre las diversas aristas, y en ellas convergen la seguridad y la economía. No es un secreto que la región no ha estado ajena a este fenómeno, como lo demuestran las distintas iniciativas que se han llevado a cabo desde los EEUU. Porque desde el incidente de las Torres Gemelas en New York, los actores estatales y no estatales se han volcado para atacar el COT y hacer frente al amplio espectro de demandas y desafíos, especialmente en los tópicos relacionados con la seguridad hemisférica.
Los esfuerzos de los gobiernos recaen sobre las nuevas amenazas relacionadas con el subdesarrollo y la marginalidad de las naciones; los ilícitos transnacionales; la degradación del medio ambiente por la siembra y producción de alucinógenos. Estas dificultades han resultado particularmente evidentes al observar las medidas adoptadas.
En síntesis, las respuestas a este macro flagelo no son únicas. En primer lugar, es evidente que nuestras fronteras son escenarios de conflicto e inseguridad y que gran parte de estas masas humanas busquen suplir las necesidades básicas de salud, trabajo y educación. Y si el Estado no garantiza su presencia y suple estas necesidades, el COT estará atento a realizarlo. Sin embargo, lo seductor de las ayudas por parte de estos organismos y sus posibilidades de permanencia están actuando como elementos de encanto, perturbando las relaciones internacionales, alterando la economía e incorporando más sujetos a las estructuras delincuenciales, es decir, la solución terminará siendo un problema mayúsculo a largo plazo.
Pese a las crisis fruto de la relación tripartita entre corrupción, Estado y COT, las estrategias deben asegurar las normas manadas de una política de seguridad para fortalecer y blindar las instituciones asegurando que este fenómeno sociopolítico y económico no afecte la democracia. En este sentido, los desafíos en materia de seguridad deben buscar superar la capacidad individual de estos organismos, por tal razón, el Estado requiere de acciones interinstitucionales y de la colaboración de la comunidad internacional para enfrentarlos y reducirlos.