Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo, analizar el fenómeno de la corrupción desde un punto de vista teórico institucional y a partir del estudio de casos ocurridos en Colombia, con el fin de obtener elementos que ayudaran a construir la viabilidad para crear la Comisión Internacional Contra Impunidad y la corrupción, la cual permitirá optimizar o mejorar el esfuerzo institucional, al momento de abordar y enfrentar estos fenómenos sociales.
De este modo, en primer lugar, se presentan los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica, a partir de la cual se intentó identificar y establecer los orígenes de la corrupción, así como los conceptos, definiciones y perspectivas más empleadas para analizarla. Seguidamente, con base en los hallazgos teóricos y el accionar de la CIGIG en Guatemala se pretendió explorar la construcción de herramientas prácticas para el abordaje, tanto de los entes de control e investigación colombianos como de los casos de corrupción seleccionados; así mismo se efectuó la revisión de estrategias, instrumentos y políticas públicas expedidas e implementadas durante el mismo periodo, para combatir estos dos flagelos sociales.
Para concluir, en el apartado final que trata sobre la construcción de herramientas teórico-metodológicas para abordar y enfrentar el fenómeno, se buscó abordar el mismo desde una perspectiva propositiva y crítica, generando algunos aportes a manera de recomendaciones y sugerencias, derivadas del análisis de las entrevistas y también de la experiencia directa del caso Guatemala, el cual se considera útil y significativo para promover una verdadera reforma estructural que nos permita como Nación, hacer una reingeniería al esquema de lucha contra la corrupción y crear la crear Comisión Internacional para combatir la corrupción e impunidad en Colombia.
Abstrac
The objective of this research was to analyze the phenomenon of corruption from a institutional theoretical point of view and from the study of cases that occurred in Colombia, in order to obtain elements that will help build the viability to create the International Commission Against Impunity and corruption, which will allow optimizing or improving the institutional effort, at the time of address and confront these social phenomena.
In this way, firstly, the results obtained from the bibliographic review are presented, from which an attempt was made to identify and establish the origins of corruption, as well as the concepts, definitions and perspectives most used to analyze it. Next, based on the findings theory and the actions of the CIGIG in Guatemala, it was intended to explore the construction of tools practices for the approach, both of the Colombian control and investigation entities and of the cases of selected corruption; Likewise, the review of strategies, instruments and policies was carried out. issued and implemented during the same period, to combat these two social scourges.
To conclude, in the final section that deals with the construction of theoretical tools methodologies to address and confront the phenomenon, it was sought to approach it from a perspective proactive and critical, generating some contributions in the form of recommendations and suggestions, derived from the analysis of the interviews and also from the direct experience of the Guatemala case, which is considered useful and significant to promote a true structural reform that allows us as a Nation, reengineer the anti-corruption scheme and create the International Commission to combat corruption and impunity in Colombia.
Introducción
La corrupción en Colombia es tan natural como el origen mismo del fenómeno. Este trabajo busca evidenciar sus tentáculos y cómo se incrustaron en la economía, política, religión y en las instituciones públicas y privadas hasta convertirse en una acción voluntaria que agrava la imagen institucional y genera una alta impunidad en los delitos contra el erario público.
A pesar de la mutación del fenómeno, se ha direccionado esta investigación con el ánimo de construir un instrumento que permita afrontarlo jurídicamente, y así dar viabilidad a la creación de una Comisión que investigue, judicialice y coadyuve en la consolidación de la democracia en Colombia. La Comisión estará en la capacidad de fortalecer el sistema de justicia para enfrentar los focos de corrupción corporativa y la generación de impunidad. En el trascurso de la investigación se abordará críticamente los orígenes, se analizarán algunos casos de corrupción y se tendrá como efecto espejo la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Desde un análisis crítico se podrá inferir los métodos para combatirla y los mecanismos institucionales que tengan la capacidad de sostener los cambios realizados en el sistema de administración de justicia penal, y profundizar en las reformas legales e institucionales para su continuidad en el tiempo.
De acuerdo a lo anterior, se plantea un estudio cualitativo que contribuya a evaluar las problemáticas de los factores positivos y vicisitudes en la labor investigativa. De igual forma, se analizará las posibilidades jurídicas procedimentales para lograr la efectividad judicial ajustadas al marco constitucional colombiano. En este sentido, se procura presentar una panorámica general y trazar así una hoja de ruta para la colaboración de la ONU y junto al Estado Colombiano crear la Comisión de Cooperación Internacional para combatir la corrupción y la impunidad.
Capítulo I. Planteamiento del problema
1.1. Antecedentes
La causa que más disminuye las instituciones de un Estado Social de Derecho es la corrupción. Ya la RAE nos acerca a la realidad con la siguiente definición: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”. (Real Academia Española, 2014).
En Colombia, el fenómeno de la corrupción ha ganado espacios, adeptos y detractores en el panorama nacional; así lo demuestra el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional para el año de 2019, con un puntaje de 37 sobre 100 puntos lo que nos sitúa en la posición 96 entre 180 países. Lo que devela que somos un país corrupto. A la fecha se calcula que se pierden anualmente alrededor de 60 billones de pesos afectando considerablemente el presupuesto nacional. Una clara evidencia de su poder de mutación Por varias décadas este flagelo ha generado una avería en el Estado de Derecho y un menoscabo en la institucionalidad, sumado a lo anterior, a través de los años ha permeado la gobernanza al punto irradiar una percepción muy alta de impunidad. Ahora bien, en lo que respecta al estudio del fenómeno, Álvarez et al. (2019), hacen una revisión de la literatura sobre el tema, y Ruiz, (2018) realiza un análisis de indicadores basados en las sanciones impuestas por los organismos de control a los funcionarios públicos.
En esta perspectiva, Transparencia por Colombia realiza un informe exhaustivo donde se evidencia un panorama negativo en materia de prevención e impacto social. Asimismo, invita a reflexionar sobre las causas y consecuencias de esta práctica tan arraigada en nuestra sociedad. Consecuentemente, la corrupción se ha tornado una práctica normal de los individuos, generando que estos actos no sean castigados, y aún más aceptados y justificados.
En este sentido, se puede evidenciar que, a pesar de los cambios y acciones formuladas, gestionadas e implementadas por el Estado colombiano, todo parece continuar igual. Según Maldonado (2011) consideraría que el Gobierno le da más peso a la expedición de normas contra la corrupción que a la creación de condiciones institucionales para su efectiva aplicación. De ahí la necesidad de articular la lucha con un organismo internacional, caso puntual las Naciones Unidas (ONU) para crear en alianza una comisión internacional que permita combatir de manera eficiente y eficaz.
Además de lo anterior, la acometida de las acciones de lucha contra la corrupción requiere una acción política pública, la cual permitirá el estudio y análisis tal como expresa Aguilar (2012):
La política pública es un proceso integrado por varias acciones intelectuales (de información, análisis, cálculo, crítica…) y acciones políticas (de movilización, discusión, persuasión, negociación, acuerdo…), interdependientes y eslabonadas, que preceden y preparan la toma de decisión del gobierno y posteriormente la llevan a cabo. (p. 31)
En Colombia, se debe hacer claridad en la construcción de la política pública. Es necesario tener en cuenta la precisión que exponen Hussmann y Hechler (2008):
En consecuencia, para crear la Comisión Internacional para combatir la corrupción e impunidad en Colombia es imperativo construirse bajo el esquema de política pública, tal como lo ha hecho y recomienda el Consejo de Europa COE (2013), y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC (2013), porque las políticas públicas conforman una disciplina con múltiples estadios que permite acceder a una amplia literatura para su estudio y a diversos enfoques para su formulación, implementación y evaluación, evitando así lo ocurrido con la Comisión en Guatemala.
1.1. Planeamientos del problema
La corrupción en Colombia se ha enquistado en las políticas públicas, en los planes de gobierno y en los procesos comunitarios. Sus causas y consecuencias aún impactan negativamente la convivencia social y el desarrollo económico. Pese al esfuerzo estatal todo parece empeorar gracias a la impunidad y la imagen internacional de democracia queda en duda. Asimismo, Sánchez (2013) al revisar los estudios evidenció que solo se han dedicado a la aplicación teórica de los planteamientos desarrollados en la política mundial y se ha dejado de lado otros estadios.
Como respuesta al malestar y presión social, los actores institucionales se han visto forzados a brindar soluciones. Desde diversas esferas se han presentado proyectos de ley, implementado políticas públicas, se ha fortalecido y modernizado la fuerza pública y los entes de control. No obstante, se está perdiendo la batalla y según los datos sobre el índice de percepción de la corrupción (IPC) del año 2020, los niveles no han variado y nos ubican en el puesto 92 entre los 100 países con mejor posicionamiento. Todo parece empeorar. González (2018) invita a fomentar estrategias eficaces en procedimientos operativos y judiciales para minimizar su impacto en la sociedad. Porque, en la medida que la corrupción se fortalezca gracias a la porosidad institucional, la probabilidad que aumente la impunidad crecerá y los procesos para erradicarla serán más álgidos y se expondrá la intervención de organismos de control al momento de investigar y judicializar estas estructuras delictivas. Resultado de esta situación, los actores sociales y políticos colombianos buscan el apoyo de organizaciones internacionales expertas para lograr la creación de organismo hibrido con la capacidad técnica y legal que permita combatir estos flagelos.
1.2. Pregunta Problema
Desde la perspectiva anterior, ¿será viable la creación de una comisión internacional que tenga la capacidad operativa para combatir la corrupción y la impunidad en Colombia?
1.3. Justificación
Con el fin de recuperar la confianza de los colombianos, es vital considerar la posibilidad de crear nuevos estudios que permitan de manera efectiva y eficaz el abordaje, procesamiento y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física por un grupo interinstitucional conformado por agentes que hagan parte de la ONU con veeduría de fiscales colombianos como apoyo para combatir la corrupción y bajar los índices de impunidad. Estas intervenciones se requieren teniendo en cuenta las experiencias procedimentales dadas en la cooperación internacional contra la impunidad. De esta manera hallar nuevas estrategias que proporcionen una eficaz asistencia a las instituciones en la judicialización de las redes de la corrupción y generar lineamientos que puedan coadyuvar a la formulación de nuevas posturas al combatirlos mediante una intervención oportuna y eficaz con órganos independientes de carácter internacional.
En el mundo especialmente en Latinoamérica, se ha incrementado la percepción de Impunidad. La presencia de instituciones porosas que actúan de acuerdo con los poderes que rigen en el momento han acelerado. Por ello es de considerar las posibilidades de requiere apoyo a entidades lideradas por las naciones unidas como cooperación con misiones especificas en coadyuvar a la administración de justicia interna. Es menester aceptar que Colombia es un país en vía de desarrollo que deben contemplar experiencias realizadas como en Guatemala que lograron darles duros golpes a las estructuras criminales que se encontraban protegidas por algunos sectores de políticos.
1.4.Objetivos
1.4.1. General
Determinar la viabilidad para la creación de una Comisión Internacional que combata la corrupción y la impunidad en Colombia.
1.4.2. Específicos
- Evaluar la necesidad de una cooperación internacional que mejore la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
- Valorar los resultados frente a la intervención de la CICIG en el escenario
guatemalteco.
Capítulo II. Marco Referencial
Serrano, (2019) plantea que la corrupción se ha constituido en uno de los principales problemas para el Estado colombiano, que sus efectos negativos en las instituciones democráticas, la economía y la sociedad han puesto en riesgo la estabilidad democrática, la legitimidad institucional, el desarrollo económico y han impedido la consolidación de un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.
En tal virtud, se desarrollará un marco conceptual que permita la reflexión del término “corrupción”, en cuanto a su descripción, clases y efectos en el Estado, en la economía y en la sociedad, para luego pasar a la respuesta que ha dado el Estado colombiano a este flagelo desde el nuevo marco anticorrupción, teniendo en cuenta las medidas de índole punitivo que se han incorporado, así como las medidas de carácter preventivo, realizando un análisis de la eficacia y materialización de las mismas, para luego reflexionar en torno a sí el nuevo marco anticorrupción ha dado una solución o mejora en la lucha contra este flagelo.
2.1. Definición del concepto e impacto
Retomando la idea de corrupción, Nye (1967) la define como “un comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público debido a ganancias privadas (personales, de familia cercana, de camarilla) de tipo pecuniario o de status; o viola las reglas que existen contra el ejercicio de ciertos tipos de influencia privada” (p. 419). Sobre el particular, Tanzi (1998) la precisa como “el abuso del poder público para beneficio privado” (p. 564).
También, Lapalombara (1994) argumenta que es el “comportamiento de un funcionario público, ya sea elegido o escogido, que implique una desviación de sus deberes formales por razones de beneficio personal para sí mismo o para otras personas privadas con las que el servidor público esté asociado” (p.328).
En sintonía con lo anterior, el Banco Mundial (2019) plantea que la corrupción es el abuso de un cargo público para obtener beneficios privados, tal situación abarca una extensa gama de conductas que involucran desde el soborno hasta el hurto de fondos públicos. Es decir, que este fenómeno, se convirtió en una práctica en todas las esferas sociales, pero su ocurrencia es de alto impacto en naciones con instituciones débiles y donde su gobernanza es debilitada por los conflictos.
En esa medida, Sánchez (2010) plantea que, en Colombia, se reconoce que las prácticas corruptas pueden ser realizadas tanto por actores públicos como por actores privados, siempre y cuando tengan poder e incidencia en la toma de decisiones y en la administración y provisión de los bienes públicos; de igual forma, Ziovas, (2003) esboza que se hace difícil su análisis e intervención porque es una expresión definida y legalizada desde lo jurídico.
En sintonía con lo expresado anteriormente, Mishra, (2006) expone que, la corrupción puede llegar a ser definida como el comportamiento social que se desvía del deber formal por causa de ganancias privadas. Específicamente, en el caso Colombia, la gravedad de este flagelo, permanece en el imaginario social sin distingo de raza, estrato social o edad. Para los entes de control es ardua la labor al momento de combatirla, porque ya está instalada en el ADN social y un alto porcentaje de la sociedad desconoce lo que manifiesta Lupu (2017), y hace énfasis sobre el concepto que esta práctica reduce el crecimiento y bienestar general, obstaculiza la inversión económica, incrementa la inequidad y socava el capital.
Es claro que los altos niveles de corrupción tienen un efecto perjudicial para la sociedad, pues afecta la forma en que las instituciones gubernamentales funcionan, promueve negocios ilícitos, obedeciendo a intereses políticos personales en lugar del beneficio nacional, en donde se llega al extremo de que las acciones ilegales no son castigadas como lo menciona el Institute for Economics & Peace (2005)
En nuestro país, el flagelo de la corrupción se ha distinguido por usar otras herramientas para incursionar y afectar la economía, la ciencia política y la sociología. En efecto, Villoria y Jiménez (2012) han admitido que uno de los problemas principales para diagnosticar el fenómeno de la corrupción es la dificultad para construir datos fiables sobre el asunto. Para reafirmar lo anterior, según Leins (2020), el 15 de junio de 2020, U.S. News publicó una noticia afirmando que Colombia era percibido como el país más corrupto del mundo. No obstante, el método utilizado no fue claramente explicitado, y la medición, lejos de incluir a todos los países del mundo, valoró una muestra de apenas setenta países.
No obstante, el dato estadístico develo una realidad que ya no es un secreto. Dejando de lado este oscuro panorama, desde las diversas instituciones se debe crear una hoja de ruta clara que coadyuve a solucionar el drama social que crea la corrupción, a su vez incorporar acciones dirigidas a activar la justicia y así subsanar el fallo en los conceptos de impunidad. En Colombia se ha socavado la gobernabilidad y la gobernanza y es preciso rescatar la plena vigencia de la democracia y la Constitución, a modo de conclusión en este primer acercamiento se puede inferir que hace falta una órgano judicial que de la mano del Estado y con el apoyo de Naciones Unidas y de la comunidad internacional tenga la infraestructura para luchar contra los cuerpos ilegales y estructuras organizadas que se apropian de los recursos económicos del Estado debilitando la institucionalidad y atentando contra los derechos humanos del pueblo Colombiano.
En este sentido, Cetina (2016) ha enfocado su investigación en la corrupción como una variable que atenta contra el bienestar general; por esta razón ha estudiado sus efectos en diversas variables económicas y variables político institucionales por ejemplo la legitimidad de la democracia, la estabilidad política y la eficacia institucional, dejando al desnudo nuestra gobernanza y entre dicho el Estado Social de Derecho.
De igual forma, Huber (2002) ya planteaba que la corrupción es una práctica resiliente, que se ha mantenido vigente en nuestra historia con unos efectos que han perjudicado la estabilidad económica de nuestro país y estremecido la realidad local, regional, nacional e internacional. Según lo expone Transparencia Internacional en los resultados sobre los índices de percepción de la corrupción (IPC) (2021). El país se ubica en el puesto 92 entre 180 países. Esta calificación es realizada a partir del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país. En esta edición, Colombia obtiene una calificación de 39 puntos sobre 100, donde 0 significa corrupción muy elevada y 100, ausencia de corrupción. En este orden, la percepción de la corrupción en América se evidencia claramente en la figura 1.
Figura 1
Percepción de la corrupción en Colombia
Nota: La ilustración muestra el ranking de la percepción de la corrupción en el mundo. Tomado de Transparencia internacional, 2021.
Según Transparencia por Colombia, (2021) nuestro país mantiene desde hace 4 años una calificación entre 37 y 39 sobre 100 puntos, lo que representa una baja puntuación que se tiene sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. Al realizar un comparativo con otros Estados, se establece que Colombia tiene la misma puntuación que Ecuador seguido de Brasil, Panamá y Perú. En Latinoamérica se destacan Uruguay y Chile con 71 y 67 puntos paralelamente, mientras que las peores calificaciones corresponden a Venezuela y Haití con 15 y 18 puntos, donde Venezuela como el peor calificado de la región se ubica en el puesto 176 entre 180 países.
Sin embargo, la forma como socialmente se observa el problema de la corrupción en Colombia restringe las estrategias políticas y jurídicas para combatirla. Ya lo exponía Leal (1989) al evidenciar que los problemas de construcción del Estado, eficiencia de recursos y desarrollo económico jugaban un rol primordial en la creación de estrategias para intentar controlar el fenómeno de la corrupción. Pero también, es necesario admitir que el problema de la corrupción en Colombia ha mostrado modalidades y evolucionado lo que impide determinar sus formas de ocurrencia y aumentan el cuestionamiento social sobre la eficacia institucional y a su vez limitan la capacidad del Estado.
Para reafirmar lo anterior, Restrepo (2021) plantea que las prácticas políticas y clientelistas, junto a la eclosión del narcotráfico y el poder que permeabilidad hacia las instituciones públicas por parte del paramilitarismo fracturó las estructuras del Estado y aumento la percepción de corrupción en el país. En este sentido, la figura 2 permite evidenciar el impacto que la corrupción como fenómeno social y económico ha logrado en el mundo.
Figura 2
Percepción de la corrupción en Colombia frente al resto del planeta.
Nota: La ilustración muestra la percepción de la corrupción en el mundo. Tomado de Transparencia internacional, 2021.
De acuerdo al gráfico anterior, se evidencia que, para la mayoría de los países, el reto más importante en la lucha contra la corrupción, bajo esta premisa, Bina y Yinghong (2016) plantean en la lucha contra este flagelo trasnacional lo plausible no es la implementación de medidas de combate, sino la búsqueda de un impulso político apropiado para la construcción de acciones sistemáticas anticorrupción.
Esta realidad demuestra la importancia de encontrar nuevas explicaciones y apoyo externo de organizaciones que coadyuven a combatirla de manera efectiva.
Figura 3
Índice de Percepción de la Corrupción
Nota: La gráfica muestra la percepción de la corrupción en Colombia. Tomado de Datos Macro, 2021.
Para ahondar en lo expuesto en el gráfico anterior, Pozsgai Álvarez (2015) plantea que el hecho de que los ciudadanos inciten, acepten o toleren actos de corrupción, contribuye a reproducirlo y potenciarlo lo que hace que sea más difícil combatirla. Así pues, la tolerancia a la corrupción es la disposición de los ciudadanos a ofrecer y/o justificar sobornos, al mismo tiempo que reconocen ese comportamiento como corrupto.
La predisposición de los ciudadanos para ofrecer o aceptar sobornos, involucra varias razones. Como menciona Transparencia Internacional (2019), el 21% de los ciudadanos pagan sobornos con la intención de que los trámites se hagan más rápidos. Hasta 16%, tiene como motivo dar un soborno como forma agradecer por el servicio recibido. Pese a esto, solamente 33% de quienes pagaron sobornos mencionaron éste les fue pedido por las autoridades. Aunque hasta 20% afirmaron que resultaba obvio que los que esperaban un pago fuera de la ley. Solamente un 15 % mencionaron que pagaron sobornos debido a que conocían la intención de la autoridad de esperar un pago extraoficial.
Para ampliar el espectro anterior, el último informe de Trasparencia por Colombia (2021) esboza la idea que Colombia pretende abordar de manera resuelta reformas de fondo, donde incluya una reforma política que fortalezca la transparencia en la financiación de partidos y campañas políticas; a su vez procure eficacia y transparencia en el poder judicial; en la misma línea fortalezca los canales internos de denuncia y protección a denunciantes; y la garantía de la protección a la vida, el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. Lo anterior visibiliza la necesidad de combatir la corrupción es universal, que incluso la agenda 2030 para el desarrollo sustentable de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2020) la contempla como uno de sus objetivos a combatir. En la Agenda se busca dar solución a aquellas problemáticas que generan violencia, inseguridad e injusticias, tal como lo es la corrupción.
No se debe desconocer lo expuesto por Ungar (2013) cuando afirma que: “Mientras continuemos viendo que hay justicia dilatoria para los corruptos y que los niveles de sanción no son coherentes con el gran daño social y económico, la percepción de corrupción no va a disminuir” (párr.7). En consecuencia, parece ser que la evidente incapacidad del Estado ha desembocado en la primacía de redes locales y regionales de poder, que han impedido que el Estado logre diferenciarse de los intereses privados de los sectores dominantes. Por ello, se dice que este tipo de Estado prospera en lo que García (2009) denomina una sociedad híbrida, en la que la diferencia entre lo público y lo privado no es clara, pues algunas personas utilizan el Estado como una propiedad privada.
2.2. Problemática en los casos de corrupción, acciones realizadas
En América Latina, a través de la historia los países han experimentado situaciones críticas como la afectación a la economía y falta de credibilidad en la administración de justicia, inestabilidad política y el subdesarrollo económico por cuenta de la corrupción, conllevando a una inestabilidad política, afectando al control político y por ende al control social.
Según lo expone Transparencia Internacional en los resultados sobre los índices de percepción de la corrupción, el país obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, y ocupa la posición 92 entre 180 países evaluados. Colombia no logra una variación significativa en la calificación, que entre 2012 y 2020 ha estado entre los 36 y los 39 puntos. En el último año la pandemia produjo una crisis de salud y económica sin precedentes, que en muchos países estuvo acompañada por actos de corrupción y de abuso de las normas democráticas como lo plantea Cayón (2021). Esta calificación es realizada a partir del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país. Por consiguiente, Colombia se ubica como uno de los países más corruptos en la historia político-económica, a continuación, se relacionan algunos casos en particular:
2.2.1. Transmilenio- Calle 26
En este caso Bogotá fue afectada por el desvío de dinero que superaron los $156.000 millones de pesos, donde los hermanos Nule (Manuel, Guido y Miguel), quienes eran contratistas reconocidos al tener más de 80 consorcios entrelazados, llevaron a cabo el manejo de proyectos tales como la vía Bogotá – Girardot, y en especial Transmilenio – Calle 26, este último, dejando una deuda aproximada de 156 mil millones de pesos. A partir de allí, se descubrió el manejo y la gran cantidad de negocios que se daba a partir del denominado Carrusel de la contratación, donde cada uno de los contratistas pedía por adelanto las comisiones ante el Distrito, donde se realizaba la entrega de un 8% de comisión para altos funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá en ese entonces como Samuel Moreno Rojas, el senador Iván Moreno Rojas y el contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi.
Como resultado de la mala gestión en esta obra, la mayor afectación para los capitalinos fue el retraso de las obras de Transmilenio de la calle 26. Así como las fallas en la contratación pública y en la revisión del manejo de los contratos en las concesiones viales. En cuanto a la problemática de movilidad se vio afectada notoriamente en la circulación por este tramo durante tres años consecutivos. Por último, esta situación como los demás casos de corrupción ha aumentado la pérdida de credibilidad y prestigio en la administración y sistema jurídico en la Alcaldía de Bogotá.
En el 2017 el Tribunal Superior de Bogotá se dispuso a favor de la apelación hecha por la Fiscalía General de la Nación, la cual exigió aumentar la pena de Samuel Moreno Rojas condenándolo así a 24 años de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Fue así como sentenció al exalcalde de la ciudad de Bogotá, a una condena de 298 meses de prisión, inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas a perpetuidad y una multa de 361 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto anterior por haber exigido comisiones para adjudicar en 2009 un contrato por $67.000 millones para proporcionar el servicio de ambulancias en la capital.
En el mes de octubre del año 2018, la Corte Suprema de Justicia no concedió la casación impuesta por Moreno Rojas y reafirmó dicha condena. Samuel Moreno Rojas argumentó que su proceso debía ser anulado porque, primariamente, se había efectuado una violación sobre su derecho a la defensa. El alto tribunal no concordó con lo anterior y le dijo al exalcalde de Bogotá que debía pagar toda su pena. El caso que se fue llevado a debate en la Corte fue acerca del porcentaje que recibió Moreno Rojas por un contrato de más de $67.000 millones, firmado entre la Unión Temporal Transporte Ambulatorio de Bogotá y la Secretaría de Salud del Distrito. La justicia verificó que a los contratistas les reclamaron el 10% del contrato para asegurar su victoria. Debido a este tema, también fue condenado el entonces secretario de Salud, Héctor Zambrano.
Al culminar el juicio oral por el denominado carrusel de contratos de Bogotá en contra del exalcalde de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Juzgado 11 Penal del circuito de conocimiento de Bogotá condenar al enjuiciado por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, concusión y. peculado por apropiación agravado. De acuerdo a la investigación llevada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Samuel Moreno Rojas sería el presunto responsable de interferir en los procedimientos de adjudicación de los contratos de cesión de la fase III de Transmilenio.
El 29 de enero del año 2019, el Juzgado emitió sentido de fallo condenatorio en contra de Moreno Rojas por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concusión. Debido a estos actos, según la Fiscalía, el exalcalde de Bogotá podría pagar una condena que promedia entre los 22 y los 32 años de prisión. Actualmente Samuel Moreno Rojas se encuentra actualmente recluido en la Escuela de Carabineros de Bogotá.
En el mes de octubre del año 2014, la Sala Penal de la Corte Suprema sentenció un fallo, el cual impuso una condena de 14 años en prisión al exsenador Iván Moreno Rojas por su aportación en los delitos de concusión, tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía Delegada ante la Corte demostró en juicio, (con más de 12 testimonios) que Moreno Rojas se apoyó en la elección popular de su hermano, Samuel Moreno exalcalde de Bogotá, para ejercer presión sobre funcionarios públicos y contratistas en la adjudicación de contratos de obras públicas a cambio de “millonarias comisiones”.
Por otra parte, el 15 de diciembre de 2011, el grupo Nule conformado exactamente por Miguel, Manuel y Guido Nule fueron condenados por peculado, uno de los cinco delitos de los fueron señalados por la Fiscalía. A pesar de que la sentencia inicial fue de 15 años, sólo pagarían la mitad porque aceptaron el cargo. De manera precisa, la condena fue por incumplimientos en tres contratos: uno de 2007 en el cual se manejaron con irregularidad 45 mil millones de pesos, uno de 2008 donde el monto fue de 18 mil millones, y otro del mismo año donde se desviaron fondos por 4 mil millones.
En el 2013 la Fiscalía confiscó bienes de los Nule en Bogotá, Bolívar y Sucre estimados en 7 mil millones de pesos y en el 2014 se declararon como culpables de los cuatro delitos faltantes. Por consiguiente, fue impuesta una nueva pena de 8 años de prisión, 96 meses de prohibición para ejecutar actividades públicas y una multa de 610 salarios mínimos de aquel momento. Juntamente, la Corte Suprema de Justicia en el 2017 le elevó la pena a 19 años y 5 meses de prisión, al señalar que no era posible aplicar una disminución de pena cuando los condenados no habían hecho devolución de por lo menos la mitad de los recursos extraviados. El saldo faltante de esos recursos fue lo que motivó a que, en julio del año 2018, la Fiscalía se hiciera con dos apartamentos en los Estados Unidos de los hermanos Nule, estimados en aproximadamente 2 millones de dólares.
Entre otros implicados también se destaca el caso de Liliana Pardo Gaona, la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a quien el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá aplicó una condena de 22 años, 5 meses y 7 días de prisión en octubre del año 2018 por delitos de peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. Sumado a esto dentro de la sentencia también se exige el pago de una multa de 50.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv) y es inhabilitada por 20 años para ejercer funciones públicas.
De igual forma al ex contralor distrital Miguel Ángel Moralesrussi, se le impuso una condena de 13 años de prisión y una sanción de 116,66 smmlv por el delito de concusión. Además, el exfuncionario es inhabilitado por 8 años para ejercer derechos y funciones públicas. Sin embargo y pese a las condenas impuestas a cada uno de los implicados en el muy reconocido caso de corrupción (“el carrusel de la contratación”), la decisión de un juez de dejar libre a Guido Nule, abrió una gran discusión frente a los beneficios que brinda la justicia a los corruptos en Colombia.
Entre los beneficiados se destaca a Guido Nule, quien le fue impuesta una condena, igual que los otros integrantes del grupo Nule, de19 años de prisión. El 28 de diciembre fue ordenada su libertad, solo pagó 7 años y 8 meses de prisión; por otra parte, Manuel Nule disfruta del beneficio de libertad condicional por 72 horas y su hermano Miguel Nule está desde el año 2016 en prisión domiciliaria. Adicionalmente se suman el exgobernador Álvaro Cruz, quien también cuenta como beneficiario, fue condenado a 88 meses de prisión de los cuales pagó únicamente 3 años de prisión y desde octubre de 2018 tiene detención domiciliaria; el excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi, quien había sido condenado a 13 años, pagó solamente un poco más de cinco en prisión y fue dejado en libertad el pasado 21 de diciembre; Mauricio Galofre, socio de los primos Nule en el saqueo a Bogotá, había sido condenado a 17 años de los cuales pagó 7, pudo recuperar su libertad el 10 de diciembre de 2018 y para completar grupo, está el excontrarista Emilio Tapia, quien a pesar de tener dos sentencias de 93 y 48 meses, pagó cinco años y 20 días en la cárcel se fue a su casa a terminar de pagar su condena el 29 de diciembre de 2018 .Luego de estar al tanto de los beneficios judiciales con los que están siendo aventajados los implicados, la Fiscalía General de la Nación inicio las investigaciones judiciales correspondientes en los procesos que continúan contra los implicados en estos casos y que se conllevan en los juzgados 1 y 4 de Ejecución de Penas de Barranquilla.
2.2.2. Interbolsa
La comisionista de valores Interbolsa S.A., era la principal corredora de bolsa del mercado bursátil de Colombia hasta el 31 de octubre de 2012, momento en que fue intervenida por la Superintendencia Financiera por las manipulaciones realizadas para evadir estándares, normas y controles que deberían estar cumpliendo. La filial Grant Thornton Ulloa Garzón era la encargada de controlar y vigilar desde el marco contable lo realizado por la comisionista de valores, institución que ha fallado en este cumplimiento toda vez que los controles establecidos no cumplieron con las necesidades para advertir en tiempo correcto las novedades presentadas y quien tenía la responsabilidad de revelar y fiscalizar las transacciones entre partes interesadas en las cuentas con los proveedores y clientes.
El sector financiero ante esta situación crea una imagen negativa al mercado colombiano y a inversionistas extranjeros, dada las deficiencias regulatorias en los mercados que se caracteriza por ser reconocidas como de los más estrictos de la región pero que en este caso no advirtió esa gran especulación con la acción de Fabricato y otros emisores. Dada la problemática que se origina por la falta de liquidez, se ha requerido que la firma deba salir de recurso con la venta de acciones de compañías donde la comisionista tiene inversiones, de esta manera las acciones como: Fabricato, BMC, Coltejer y BVC, en principio sentirían esa presión bajista.
A partir del estallido del caso de Interbolsa, el tema se convirtió en un punto prioritario de investigación para la Fiscalía, la cual encargó a una de sus más experimentadas funcionarias, Alexandra Ladino, una fiscal delegada, quien encabezaría un equipo entre peritos, investigadores, asesores y otros fiscales. Por consiguiente, en seis años, 32 personas fueron señaladas de tener vínculos en el caso de corrupción, 5 han sido condenadas por allanamiento a cargos y quienes actualmente siguen privadas de la libertad.
Entre los delitos más delicados por los cuales la Fiscalía comenzó su investigación están: la manipulación fraudulenta, operaciones no autorizadas, administración desleal y concierto para delinquir. Sumado a esto comienzan a salir a la luz grandes señalados como Rodrigo Jaramillo, su hijo Tomás, y sus socios Juan Carlos Ortiz, Alessandro Corridori y Víctor Maldonado quienes se convirtieron en el objetivo primordial de los investigadores. Por ello empezaron a derrumbarse, todos terminaron presos y entre uno de ellos, Víctor Maldonado, fue extraditado desde España donde se había dirigido evadir a la justicia.
Después de seis años la mayoría de los señalados se encuentran en libertad, entre ellos, el señor Maldonado. Todos favorecidos mediante una figura clave en el proceso denominada como vencimiento de términos, la cual se refiere a la caducidad del tiempo en el cual la justicia puede investigar a una persona por la hipotética comisión de determinado delito. Sin embargo, lo paradójico recae en que, pesar de la profunda complejidad del caso, la Fiscalía consiguió reconstruir cada pieza del escándalo, pero las obligaciones se fueron deshaciendo y las condenas son mínimas frente a la gravedad de los hechos. En el momento, los dos delitos por los cuales todavía son investigadas diez personas son: manipulación fraudulenta y administración desleal. Donde se impone una pena máxima de diez años; lo grave es que estos prescriben o se vencen en el 2019 uno y en el 2020 el otro.
El caso de Interbolsa puede señalarse como ejemplo de que las víctimas continúan sin tener prelación dentro del sistema acusatorio. El constante aplazamiento de las audiencias llevadas a evidenciar la responsabilidad de los señalados en las defraudaciones, incluso causó un pronunciamiento del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Únicamente las audiencias en las que se reclamó por la libertad de los acusados, fueron las que se gestaron con apresuramiento y nueve de ellos fueron dejados en libertad a lo largo de los procesos. Dentro de los más destacados se encuentran: Alessandro Corridori, Juan Andrés Tirado, Rachid Maluf y Víctor Maldonado.
La mayor o menor discusión pública quebranta significativamente la ruta de los procesos penales. La notoriedad del caso puso en obligación al Fiscal General de la Nación para exigir al Consejo Superior de la Judicatura abriera una investigación disciplinaria frente a la conducta de los abogados de los casos Interbolsa y el Fondo Premium, por considerar el uso de estrategias para demorar injustificadamente los procesos. No obstante, en otros procesos penales, las estrategias y prácticas para retrasarlos también son frecuentes y en muy pocas oportunidades la Fiscalía responde de manera tan decisiva.
2.2.3. Odebrecht
Es una empresa brasileña basada en la construcción y campos de la ingeniería, fue constituida en 1944 con filiales en Sudamérica, América Central, el Caribe, Norteamérica, África, Europa y Medio Oriente. Esta multinacional ha generado un escándalo de corrupción de grandes magnitudes en América Latina, quienes pagaron sobornos por aproximadamente 800 millones de dólares en 12 países. Particularmente en Colombia pagó en sobornos aproximadamente 11 millones de dólares del cual 6.5 millones de dólares y 4.5 millones de dólares en los dos últimos gobiernos respectivamente. Estos sobornos fueron entregados para asegurar importantes contratos de obra pública.
Para llevar a cabo este acto de corrupción a grandes escalas, fueron necesarios los sobornos a funcionarios públicos, lavado de dinero, empresas fantasmas, paraísos fiscales, financiamiento de partidos políticos conllevando a la detención de 700 personas y ha sacado a la luz más de mil 300 millones de dólares en sobornos. Se trata del Caso Odebrecht, un escándalo que ha salpicado a 12 países del continente americano.
A finales del 2017 el Juzgado 31 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá impuso 62 meses de cárcel en contra de Gabriel García Morales, ex viceministro de transporte, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio, los cuales habían sido aceptados con anterioridad. La condena fue el resultado de la investigación anticipada por la Fiscalía General de la Nación, en la que se evidenció que el exfuncionario recibió una cifra de 6.5 millones de dólares de la firma constructora Odebrecht, en contraprestación por la entrega del contrato de construcción Ruta del Sol II.
En el transcurso del mismo año, a mediados del mes de agosto el Juzgado 8° Penal del Circuito Especializado de Bogotá consideró preciso la investigación por lavado de activos, que realizó el empresario Eduardo Ghisays Manzur. Como resultado le fue impuesta una condena de tres años de cárcel, que deberá cumplir en su lugar de residencia. Sumado a lo anterior deberá pagar una pena pecuniaria del 50 por ciento de 3263 S.M.M.L.V. La Fiscalía había demostrado que el sentenciado y su hermano Enrique, fueron los creadores de una empresa de papel en Panamá, la cual fue llamada Lurion Trading Inc, e hicieron por lo menos cinco operaciones financieras en el fin de limpiar el origen de 6,5 millones de dólares derivados de sobornos de la multinacional Odebrecht. Por lo tanto, Enrique Ghisays Manzur tendría entonces que pagar 10 años en prisión; y 35.000 salarios mínimos mensuales de multa. Así lo comunicó el martes 6 de marzo del 2018 el Tribunal Superior de Bogotá.
A mediados de septiembre del 2018 La Fiscalía General de la Nación logró, gracias a un preacuerdo, la condena a 24 meses de prisión del exsenador Otto Nicolás Bula como individuo involucrado en el delito de cohecho por dar u ofrecer. El fallo impuesto resalta además el pago de una multa por una cifra de 33.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la prohibición para el ejercicio de actividades y funciones públicas por 40 meses.
Como caso particular también se destaca el de José Elías Melo quien al parecer tenía conocimiento del soborno de US$6,5 millones que Odebrecht entregó al exviceministro de Transporte Gabriel García Morales con el fin de conceder la obra. Su proceso tuvo inicio en agosto de 2017, cuando le fueron imputados cargos por los delitos de cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Durante esa misma época fue recluido en La Picota de Bogotá y le fue dictada una medida de aseguramiento en su contra. Sin embrago estuvo en la cárcel hasta el 24 de enero de 2018, puesto que le fue otorgada la libertad por un juez quien argumentaba que no representaba peligro para la sociedad y tampoco pretendía obstruir el proceso. Hasta ahora, continua en libertad, quedando a la espera del juicio, el cual llegó un año después tras abundantes retrasos y aplazamientos.
Por otro lado, La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes reveló en el mes de diciembre del 2018 el inicio de una investigación previa en contra del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Esto anterior se da dentro del proceso de la multinacional Odebrecht. Por esta razón Óscar Villamizar representante de la Comisión de Acusación en el caso Odebrecht contra el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez investigará concretamente si el Fiscal General cometió el delito de omisión de denuncia en el transcurso del proceso que lleva la propia Fiscalía por los hechos de corrupción de la multinacional Odebrecht.
Presentado en un fallo de 336 páginas, el Tribunal expuso un recuento del escándalo internacional señalando a contratistas, funcionarios públicos y políticos. El Tribunal declaró como autores de violación a los derechos colectivos a las sociedades Concesionaria Ruta del Sol S.A.S, Constructora Norberto Odebrecht S.A, Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Episol S.A.S, CSS Constructores S.A.; así como Gabriel Ignacio García Morales, el exdirector del INCO (hoy ANI); José Elías Melo, presidente de Corficolombiana; Otto Nicolás Bula, exsenador; y exdirectivos de Odebrecht: Luiz Antonio Bueno Junior y Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha Soares. Sobre CSS Constructores S.A. resaltó que no fue debido a que participara en los sobornos, pero sí como consecuencia a que jamás se presentó alguna denuncia siendo del mismo consorcio.
2.2.4. Saludcoop
Mediante la Resolución 0801 del 11 de mayo de 2011, de la Superintendencia Nacional de Salud, se ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes y haberes de la EPS SaludCoop. Todo empieza a partir del seguimiento de la Contraloría General de la Nación, por el uso indebido de los recursos públicos para la construcción de clínicas y hospitales mediante la desviación de 1.05 billones de pesos entre el periodo de 1998-2010. Otra de las razones que desató la polémica del caso fue el pago irregular de bonificaciones a los directivos por 6000 millones de pesos, de los cuales 3541 millones fueron al bolsillo del presidente Carlos Palacino en el periodo del 2005-2010.
Como consecuencia se presentó sobreprecio de servicios médicos y tratamientos para la atención de los usuarios de los servicios de la EPS, confusión de los recursos de medicina prepagada con los que integran el Plan Obligatorio de Salud en beneficio de los privados, la falta de pago de los servicios de salud a los proveedores, que se registraba como utilidad y el traslado de aproximadamente cuatro millones quinientos mil pacientes a Cafesalud, debido a la apropiación de los recursos públicos (desvío de dineros) por parte de su fundador Carlos Palacino y su equipo conformado por María Carolina Lemus, Alberto Castro Cantillo, entre otros.
Lo anterior se puede afirmar es consecuencia de la falta de gobernabilidad con instituciones independientes capaces de hacer justicia al punto que los regímenes políticos han demostrado una incapacidad de superar sus debilidades históricas. Por ende, los sistemas políticos de los países latinoamericanos han sido permeados por la corrupción generando serias amenazas sobre la democracia y credibilidad ante sus gobernados.
Conforme a la Procuraduría, no hay duda frente al mecanismo de apariencia utilizado por Saludcoop con el fin de extraer y apropiarse de recursos públicos de manera indebida e incumpliendo condiciones legales. Fue demostrado también cómo mediante la Cooperativa Epsifarma, la cual hacía parte del grupo Saludcoop, se facturaban medicamentos primeramente requeridos de los laboratorios para aprovisionar a la EPS con un aumento del 32 % sobre su valor en el mercado, sin que este incremento excesivo estuviera respaldado por documentos de soporte o estudios. Por lo anterior, Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, vicepresidente Financiero, representante legal suplente y Carolina Lamus, vicepresidenta Administrativa y miembro de la junta administradora de Epsifarma, fueron desvinculados por no ser elementos disciplinables.
Gracias a las investigaciones llevadas a cabo por el ente acusador se permitió a evidenciar mediante más de 500 audios y numerosa prueba documental que para el 2016 Eva Katherine Carrascal Cantillo, quien en el momento era superintendente delegada para la supervisión institucional de la Supersalud, se habría aventajado mediante el uso de su cargo para beneficiar cajas de compensación y entidades promotoras de salud (EPS), a cambio coimas tomadas mensualmente mediante el uso de cheques y en efectivo.
Entre las irregularidades que se habrían ejecutado, se evidencia: la agilización de pagos que eran adeudados por entidades territoriales y EPS como Cafesalud; la suministración de información acerca de trámites de inspección y vigilancia o de carácter financiero de EPS y cajas de compensación al grupo de individuos que hacían parte a esta red y quienes asesoraban a los sujetos vigilados; la intervención en los diferentes trámites de renovación para la toma de decisiones en el ente de control beneficiando las EPS y las cajas de compensación; la facilitación del aumento de población vinculada a las EPS en diferentes partes del territorio nacional, con lo que incrementaban las ganancias por compensación por parte del Estado .
Entre los acusados por el escándalo de corrupción en el área de la salud se dio con la captura de Eva Katherine Carrascal Cantillo, ex Superintendente Delegada para la Supervisión Institucional de la Superintendencia Nacional de Salud; Guillermo Enrique Grosso Sandoval, fue agente interventor de Saludcoop EPS, luego presidente de Cafesalud EPS y actualmente tiene negocios particulares vinculados integralmente a la salud; Javier Pena Ramírez, actualmente se desempeña como director médico nacional de Cajacopi EPS (Barranquilla) y Jhon Alexander Colmenares Russi, habría administrado varias IPS y además manejaba los negocios de Grosso Sandoval. Por consiguiente, en las próximas fueron llevados ante un juez de control de garantías quien los enviaría a prisión de manera preventiva imputándoles los siguientes delitos: concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. En el caso particular de la señora Eva Katherine Carrascal Cantillo se suman los delitos de cohecho impropio, prevaricato por omisión, utilización indebida de información oficial privilegiada y falsedad en documento privado.
Carlos Gustavo Palacino sería el responsable inmediato de la apropiación, en favor de terceros, de $ 400.00 millones según la Fiscalía. En un juzgado del centro de Bogotá se adelanta el juicio en contra de Carlos Gustavo Palacino, expresidente de Saludcoop, por supuestas anomalías en la manipulación de millonarios recursos de la salud. En julio del 2018, la Fiscalía lo convocó a juicio al plantearse que el exejecutivo habría desviado los recursos parafiscales de la administradora Saludcoop EPS para acrecentar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras. Palacino fue capturado desde marzo del 2018 y en actualmente se encuentra recluido en La Picota. Sin embargo, la defensa insiste en que Palacino no participó en ningún tipo de delito y que el dinero fue invertido en la construcción de clínicas y centros asistenciales. Por consiguiente, al expresidente de Salucoop se le podría otorgar una condena de más de 17 años de prisión en caso de ser hallado culpable del delito de peculado por apropiación.
2.3. Análisis y comparación de casos
Retomando la matriz de análisis y comparación de casos de corrupción, a continuación, se presentan los resultados comparativos de los cuatro (4) casos abordados, a partir de los cuales se generan varias conclusiones a partir de lo inferido en la Tabla 1.
Por último, vale mencionar que los anteriores hechos de corrupción, permiten evidenciar lo que ya advertía la Corporación Transparencia por Colombia (2011) sobre la corrupción en el país, la cual no es percibida como el mal mayor, con el agravante de que los colombianos no se percatan de las conexiones y los efectos del fenómeno, sobre la efectividad y legitimidad de las instituciones, la equidad y la justicia social, el acceso a los derechos y hasta la conservación de la propia vida.
Tabla 1
Nota: La tabla muestra el análisis y comparación de los cuatros casos de corrupción. Elaboración propia.
A partir de los resultados anteriores, se pueden plantear que la corrupción se puede originar en y desde cualquier sector de la sociedad ya se aun escenario público, privado o mixto. En los casos analizados, el único sector afectado fue el público, es decir el Estado. El lugar donde se materializaron los actos de corrupción, fue el sector público, aunque en algunos casos provinieron del sector privado.
En los casos analizados, participaron todo tipo de personas, desde funcionarios públicos de todas las ramas, de distintos niveles y jerarquías, de elección popular, libre nombramiento y remoción, así como contratistas grandes y pequeños. En la mayoría de los actores involucrados, se evidenció un nivel de formación profesional, aunque llama la atención que los bajos niveles de formación académica en varios contratistas y funcionarios, se asocia con un tipo de corrupción natural. En el caso de los funcionarios públicos, todos presentan un vasto conocimiento del sector público, favorecido por una amplia trayectoria política. En todos los casos, están presentes unas necesidades superiores y sociales que motivan dichos comportamientos corruptos y necesidades básicas. En la mayoría de los casos está presente un proceso de racionalización antes y durante la comisión de los actos de corrupción, proceso que generalmente es abandonado después de cometido el ilícito.
La posibilidad de acceder al poder público, bien sea a través de cargos d elección popular, de libre nombramiento y remoción o a través de la contratación y la ausencia de controles estatales efectivos, generan la oportunidad para comisión de los actos de corrupción. En casi todos los casos se presentan tácticas o procedimientos similares, que se relacionan con la falsificación de documentos, la suplantación de personas, así como el tráfico de influencias y el abuso de autoridad, entre otros.
2.4. El Caso Guatemala (CIGIG)
Para concebir por qué el gobierno de Guatemala solicitó a la ONU crear un mecanismo capaz de enfrentar el fenómeno criminal interno, es imperativo ubicarse en el año de 1994 cuando el conflicto interno cumplía más de tres décadas y los indicadores de violencia y corrupción habían superado la capacidad institucional.
Para dar vida al mandato y acuerdo de la CICIG, las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006. Después de la opinión consultiva favorable de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, se ratificó posteriormente en el Congreso de la República el 01 de agosto de 2007. El mandato de la CICIG, según lo establecido, estaba compuesto de tres funciones primarias; la primera, deberá investigar; la segunda, deberá colaborar con el Estado y la tercera, hará recomendaciones al Estado de Guatemala para la adopción de políticas públicas.
Según la Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. (2015). La CICIG es un modelo único de cooperación para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Su diferencia con otros mecanismos internacionales, parte de una comisión independiente de investigación que opera bajo las leyes guatemaltecas y depende de su sistema judicial, trabaja de la mano con instituciones estatales como el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil entre otros.
Se debe tener en cuenta que, el Estado recién formado se planteó el reto de formar parte de la gran mayoría de tratados internacionales en materia de derechos humanos y buscar estrategias para combatir la corrupción. La búsqueda generó sus frutos al formar parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. La falta de implementación efectiva de los acuerdos de paz y la existencia de aparatos de seguridad y estructuras clandestinas que provenían de la inteligencia militar implicaron un aumento de la violencia y de la impunidad a niveles insostenibles. En este escenario, la sociedad civil presionó a las autoridades para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con el objetivo de desmantelar estas estructuras criminales y fortalecer el Estado de derecho.
Durante su permanencia en Guatemala, fue un sujeto autónomo que trabajó junto a la Fiscalía Nacional y la Policía Nacional Civil con financiamiento internacional, en su accionar desmanteló muchas estructuras dentro de los diversos órganos de control y en los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo.
Los mecanismos usados por la Comisión en sus doce (12) años de funcionamiento le permitieron apoyar y fortalecer las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, grupos criminales que por décadas habían infiltrado las instituciones estatales fomentando la impunidad y socavando los logros democráticos luego del fin del conflicto armado interno, en la década de 1990. Según la página oficial de la CIGIC (2019).
El objetivo se cumplió, en su informe final CIGIG (2018), el Comisionado Iván Velásquez en su declaración aseguró que la sociedad finalmente va a lograr recuperar al país para todos y recuerda además que, la implementación de la CICIG coadyuvó a mejorar la concepción de democracia, Estado de derecho, legalidad, justicia y paz, y a su vez permitió acompañar una serie de políticas públicas encaminadas y diseñadas a generar una legislación adecuada que permitiera combatir la corrupción y la impunidad, fortalecer las instituciones públicas y contar con un sistema de justicia capaz de judicializar a los corruptos, sin importar que fuera el mismo presidente.
De acuerdo a lo sucedido en Guatemala, la sociedad colombiana se ha visto afectada por la corrupción, como muchos países de América Latina. Desde hace varias décadas ha sufrido los azotes que genera la corrupción y la impunidad, pero a diferencia de otros contextos, se han presentado algunas peculiaridades que acabaron empeorando la situación. En este sentido, Fagua (2014) expresa que, el desgaste de valores humanos y el irrespeto hacia las instituciones, que van en contra de una sana convivencia y el desarrollo económico de Colombia. La experiencia de la lucha contra la corrupción en Guatemala admite exponer que la interacción de una organización internacional como la Organización de las Naciones Unidas con el sistema judicial resulta eficaz. La figura de la Comisión Internacional contra la Impunidad es el primer ejercicio internacional de este tipo por parte de las Naciones Unidas a nivel mundial. Fue iniciativa del Gobierno de Guatemalteco en cabeza del presidente Jimmy Morales de solicitar a las Naciones Unidas apoyo en el tema de la lucha contra la impunidad.
Es válido recordar que, ante la incapacidad de las instituciones guatemaltecas de combatir la impunidad de las estructuras criminales, el gobierno se vio obligado a solicitar ayuda a las Naciones Unidas para combatir la alta criminalidad y favoreció la creación de la CICIG. En este contexto de naciente democracia, un mecanismo de asesoría y capacitación técnica no parecían suficientes ni tampoco se quiso una operación de mantenimiento de la paz con cascos azules de la ONU, sino que se escogió un mecanismo intermedio que consistía en investigadores y fiscales internacionales que cooperarían con el Ministerio Público pero que a la vez tendría su propia autonomía. Este mecanismo se basaba en el principio de soberanía compartida: Guatemala cedía parte de su soberanía al aceptar fiscales e investigadores internacionales en los procedimientos internos, y, a su vez, la ONU aplicaría la ley y procedimientos guatemaltecos, renunciando a los tribunales penales internacionales como lo expresó Gutiérrez (2016).
Por otra parte, la sociedad civil desempeño un rol primordial en la vigilancia y en la promoción de transparencia y en los procesos de elección de jueces, presentando acciones judiciales cuando el proceso no se ajusta a las leyes, denunciando a los y las candidatas que no cumplen con los requisitos. Sin embargo, la capacidad de incidencia de la sociedad civil es limitada, y en este contexto, es indispensable el apoyo técnico, financiero y político de la comunidad internacional para vigilar el respeto de los derechos humanos y la construcción del Estado de derecho como lo afirma Impunity Watch (2015).
De igual forma, con la descripción de las experiencias relacionadas en materia política y judicial de Guatemala, se obtendrá una evaluación de la posible aplicabilidad en Colombia, donde se padece el flagelo de la corrupción y la impunidad, generando preocupación a partir del resultado de las estadísticas que reflejan la percepción negativa de los colombianos, acerca del incremento de este flagelo en todos los ámbitos.
Por lo anterior, está demostrado que, ante la ausencia de la CIGIG, la consolidación de la democracia en Guatemala pasa necesariamente por continuar y sostener el proceso continuo de fortalecimiento de la justicia, luchar contra los focos de corrupción corporativa y la generación de impunidad, y garantizar la debida protección contra los abusos de poder. No se debe ignorar que, durante su permanencia en Guatemala, la CIGIG con el apoyo del Ministerio Público, consiguió acusar a más de 1500 personas, logró que se procesara a más de 660 y, a julio de 2019, se habían dictado 400 condenas. Un ejercicio exitoso en la lucha contra la impunidad y la corrupción, sin embargo, quedan preguntas sin respuesta frente a la decisión presidencial de no renovar el mandato alegando extralimitación de sus funciones.
De allí la importancia de describir la experiencia judicial de este modelo único en el mundo, para identificar las ventajas y desventajas en su implementación, así como los aspectos que truncan el normal desarrollo del funcionamiento de la Comisión. Estos aspectos permiten plantear mejores formas de implementación para otros países, respetando en todo momento la soberanía nacional y la autonomía de los entes acusadores como el caso de la Fiscalía General de la Nación en Colombia o el Ministerio Público en Guatemala.
En fin, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), durante sus años de operación, fortaleció la capacidad del Estado de Guatemala y sus instituciones en su lucha contra la acción delictiva de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS).
La presencia y acción de la CICIG en Guatemala ha sido de gran visibilidad, llegando a convertirse en un elemento importante en la realidad nacional del país. En sus años de trabajo demostraron que la lucha contra la impunidad no procede en forma lineal, sino con avances y retrocesos, en el contexto de la interrelación de instituciones y actores sociales. La CICIG ha ayudado a exponer el mapa y los actores de la impunidad, fue capaz de fortalecer la capacidad de persecución penal en casos de criminalidad compleja y contribuyo al entendimiento de la población de que la justicia puede ser profesional y alcanzar a todos, materializando el principio de igualdad ante la ley.
2.5. Marco Teórico
No existe una teoría universalmente admitida sobre la concepción del término corrupción, en especial sobre las causas o factores. Su presencia en la sociedad ha sido constante y ha permeado diversos escenarios, lo que nos permite reflexionar en el argumento que plantea TPC (2019) “puede hacer pensar que se trata de un rasgo inherente a la naturaleza humana” (p.13).
No obstante, un alto porcentaje de la sociedad participa en prácticas corruptas, y por momentos se ven inmiscuidos de forma secundaria y en cuestiones de menor valía; en fin, en Colombia los actos corruptos son acciones realizadas asiduamente sin medir su impacto en el desarrollo económico. Bajo estas premisas, ya Russián (2003) planteaba que:
Para luchar contra la corrupción se requiere un plan de acción que establezca una plataforma jurídica que sirva de base para lograr la transparencia en la administración pública, la coordinación de los órganos de control interno y externo, así como de la participación de los distintos interesados directos de los sectores público y privado. (p.27).
De acuerdo con Russián, se debe aunar esfuerzos para buscar soluciones al problema que aqueja a Colombia. Para combatir la corrupción se requiere de una plataforma jurídica de control, amparada en la imparcialidad, en la autonomía y la independencia. Ahora bien, los grandes eventos que se han suscitado a lo largo de la historia de la cooperación y su posible aplicabilidad en otras naciones particularmente en Colombia nos permite inferir que en la lucha contra la criminalidad que fomentan la corrupción e impunidad, se puede citar el caso particular del Estado guatemalteco con la CICIG, país el cual recibió apoyo de la ONU para contrarrestar el fenómeno de corrupción que tenía agobiada las instituciones.
En este orden de ideas, Sánchez (2013) suscita el debate al inferir si de verdad esta cooperación internacional se puede tomar para revisar y evaluar para su aplicabilidad en Colombia dada las circunstancias históricas vividas y las grietas institucionales y jurídicas.
Sin desconocer la realidad, varios teóricos retoman los tipos de corrupción desde la complejidad de su impacto en Colombia, por ejemplo, Rose-Ackerman (2008) menciona que, en las naciones donde se han experimentado conflictos internos violentos la corrupción es parte del imaginario colectivo y más cuando se ha contado con gobiernos corruptos, donde el soborno se convirtió en una práctica usual y aceptada socialmente.
Para alertar sobre el particular y de acuerdo a lo esbozado en el párrafo anterior, Galán (2013) invita a la reflexión general cuando argumenta que, la corrupción es un fenómeno de análisis transversal y que, a la vez, existe una marcada tendencia a formular conceptos cada vez más extensos y a relacionar el abuso de poder en beneficio privado, como el común denominador de las definiciones de corrupción.
Por eso, al tratar de descubrir soluciones comprendemos que la disertación para encontrar la génesis del flagelo no se encuentra agotada, porque hace parte de un imaginario colectivo ya construido desde la impunidad y acabado de enquistar frente a los últimos sucesos que se analizaran más adelante. De acuerdo a la perspectiva anterior, es imperativo buscar cooperación internacional para combatir un enemigo, porque ya Wolfensohn (1998) define que corroe la autoridad de la ley a la vez que mengua el desarrollo económico perjudicando a las clases menos favorecidas y que según el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción (1997) también rompe la legalidad de las instituciones públicas y trasgrede las normas sociales desde el orden moral menguando el desarrollo de los pueblos por el descredito de los órganos de control y vigilancia.
Siguiendo con el planteamiento anterior, Polit (2013) expone que ningún Estado moderno, puede subsistir sin organismos de control, sin embargo, para su éxito, es necesario que gocen de autonomía, independencia, recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones y libertad para decidir sobre su gestión técnica, ya que, “si alguien tiene poder monopólico, goza de amplia discrecionalidad y si no tiene obligación ni la responsabilidad de rendir cuentas, estas condiciones son las que permiten el florecimiento de la corrupción” (p. 161).
Además, se debe agregar que, la corrupción es un fenómeno multidimensional que altera las esferas económicas, sociales, culturales, políticas y éticas de una sociedad e impacta negativamente los entornos ciudadanos y su desarrollo humano como lo soporta el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD, 2015); sin embargo, su aplicabilidad en Colombia es compleja porque todas sus dimensiones son interdependientes y las prácticas de corrupción tienen consecuencias directas a nivel social, en la provisión de bienes y servicios, que pretenden garantizar el bienestar de la población y quizás nuestro Estado se ha visto permeado por la corrupción.
Lo anterior, se evidencia en el Documento Conpes 167 de 2013 al analizar la forma como un Estado afectado por la corrupción sistémica permea a las mismas instituciones que deberían ser las encargadas de eliminarla perdiendo ágilmente su legitimidad y capacidad para gobernar. Por ello, Calleros & Escribano (2014) se refieren a la falta de un capital social que sea capaz de frenar el clientelismo y el narcotráfico, los cuales al paso del tiempo se transformaron en ingredientes sociopolíticos que favorecen constantemente la corrupción y si se potencia este capital y buscan estrategias para blindarlos serán menos proclives de actos corruptos y la relación existente entre clientelismo, narcotráfico y debilidad institucional como lo infiere García & Revelo (2010) se minimizará considerablemente.
La condición anterior cobra mayor relevancia cuando se observa el surgimiento y la implementación de nuevos esquemas de administración de lo público, situación que genera iguales o mayores riesgos de corrupción por el aumento de burocracia, ya que según Klitgaard (2011) “la corrupción florece cuando alguien tiene poder de monopolio sobre un bien o servicio y tiene la discreción para decidir cuánto recibe y donde la rendición de cuentas y la transparencia son débiles” (p. 80). Habría que decir también, que Jain (2001) considera que la corrupción ocurre cuando alguien tiene poder de decisión, hay dinero asociado y un sistema legal/judicial que no ofrece garantías de detección y/o penalización para el delito. En forma similar, Garzón Valdez (2005), esboza que, “la corrupción se vuelve posible y prospera cuando los decisores abandonan su punto de vista interno y actúan deslealmente con respecto al sistema normativo” (p. 17). Lo que nos permite inferir que el problema de corrupción en Colombia ha cobrado fuerza debido al debilitamiento de las organizaciones especializadas en combatirla y la aceptación social.
Se puede descubrir en la literatura sobre la corrupción, una amplia pluralidad de conceptos y definiciones hasta agruparlos en interpretaciones jurídicas, económicas, politológicas, sociológicas, psicológicas y éticas; empero, Galán (2013) plantea que se debe tener en cuenta que
“la corrupción es un fenómeno de análisis transversal y que, a la vez, existe una marcada tendencia a formular conceptos cada vez más extensos y a relacionar el abuso de poder en beneficio privado, como el común denominador de las definiciones de corrupción” (p. 39).
En conclusión, lo que resulta realmente necesario para fortalecer la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción y la impunidad es ir más allá de convocar su participación, lo ideal es crear conciencia y confianza social a través de adecuados y oportunos procesos de investigación y judicialización y a su vez empezar por aquellas de las que a partir del nuevo marco normativo se espera hagan las cosas diferentes. Del mismo modo, cuanto más se siga ahondando en la búsqueda de definiciones quedara siempre un vacío por eso conviene subrayar a Klitgaard (2008), cuando expresa que, “las definiciones no son estáticas, lo que las sociedades entienden hoy como corrupto, evoluciona” (p. 38). Y lo realiza posicionándose en el imaginario colectivo gracias a la impunidad, la cual es entendida como la falta de castigos a la ley, empero, el comportamiento social puede cambiar a partir de la penalización del delito.
El análisis de la corrupción requiere del trabajo multidisciplinar para menguar su impacto, en otros términos, la corrupción toma lugar bajo determinado marco institucional, de modo que el fenómeno no se extiende de manera homogénea. En fin, se considera que factores como la probabilidad de que el corrupto sea descubierto no solo depende de medidas policiales, sino también de factores como la reacción de la sociedad como lo plantea Castañeda (2016).
2.6. Marco Legal
2.6.1. Marco internacional
El origen de la preocupación internacional frente al flagelo de la corrupción ha permitido construir políticas del orden trasnacional para combatir este flagelo. Son nutridos los convenios internacionales que tienen por misión frenar la corrupción y sus consecuencias, ideados desde distintos ambientes geopolíticos y con alcances y pretensiones acorde a cada región sin desconocer las normativas internas, entre ellos sobresalen:
Convenio de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, aprobado el 13 de diciembre de 2000, pero en concreto sus artículos 8 y 9.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es un instrumento vinculante, aprobada en 2003. Su enfoque amplio y carácter obligatorio de varias provisiones lo convierten en una herramienta única para desarrollar una respuesta comprensiva a un problema global. Abarca la: prevención, criminalización y medidas para imponer el cumplimiento de la ley, cooperación internacional, recuperación de capital ilegal, la asistencia técnica y el intercambio de información.
En 1996, Colombia, como Estado miembro de la OEA adoptó el primer instrumento jurídico internacional anticorrupción y en 2002 se puso en marcha el mecanismo con la intención de evaluar su cumplimiento. La Convención Interamericana contra la Corrupción y el Mecanismo de Seguimiento de su implementación constituyen uno de los principales instrumentos de cooperación para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en las Américas. Conjuntamente, promueve, facilita y regula la cooperación entre los Estados a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.
Comité de Gobernanza pública (PGC) de la OCDE, tiene como función ayudar a los gobiernos a diseñar e implementar políticas estratégicas, basadas en evidencia e innovadoras para fortalecer la gobernanza pública, responder de manera efectiva a desafíos económicos, sociales y ambientales diversos y disruptivos y cumplir con los compromisos del gobierno con los ciudadanos, la cual propone:
Ley 1573 de 2012: Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales
Ley 1778 de 2016. “Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de Lucha Contra la Corrupción
2.6.2. Marco nacional
Los gobiernos de la última década, han implementado diferentes estrategias político jurídicas a fin de contrarrestar el fenómeno de la corrupción, las cuales son visibles desde la Secretaria de Trasparencia.
Decreto 1784 de 2019, Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Resolución 0965 de 2019, Por la cual se establecen los Grupos de Trabajo en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Decreto 338 de 2019, Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción.
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Documento versión 2.
Guía para la Gestión del Riesgo. Decreto 1829 de 2017, Por el cual se crea el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto -SIIPO.
Decreto 1686 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1081 de 2015-Decreto Reglamentario Único del Sector de la Presidencia de la República, en lo que hace referencia a las Comisiones Regionales de Moralización.
Ley 1712, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Decreto 124 de 2016, Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al «Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano».
Ley 1494 de 2015, Por el cual se corrigen yerros en la Ley 1712 de 2014.
Directiva Presidencial 01 de 2015, Directiva Presidencial 01 de 2015. Para jefes de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.
Decreto 2069 de 2013, Por el cual se suprime y se crea una Alta Consejería Presidencial.
CONPES 167 de 2013, Política Pública Integral Anticorrupción.
Decreto Ley 19 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios. Artículos 231 y 237.
Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Artículos 62, 69, 72, 73, 74, 76.
Decreto 4637 de 2011, Por el cual se crea la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.
CONPES 4070 de 2021, Lineamientos de política para la implementación de un modelo de Estado Abierto.
Ley 2195 de 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones.
Finalmente, los resultados de la revisión bibliográfica y los aportes teóricos utilizados, permiten inferir que, existe un significativo número de estudios y sondeos que han detallado el fenómeno de la corrupción, desde su origen, manifestaciones y métodos usados para prevenirla y atacarla. Sin embargo, poco se conoce sobre la manera cómo funciona en la práctica la lucha frontal en Colombia, por ello, a continuación, se planteará una propuesta metodológica, que permita analizar algunos casos de corrupción para dar viabilidad en la creación de la CICCIC.
Capítulo III. Metodología
La metodología utilizada para este trabajo de investigación fue la descriptiva documental, la cual parte de analizar y estudiar la información recabada a través de libros, informes oficiales, revistas especializadas obtenidas en diferentes repositorios digitales y diarios oficiales. Desde una mirada normativa a la luz de los convenios internacionales se busca clarificar las limitaciones y ventajas de una comisión especializada en la lucha contra la corrupción y la impunidad como lo plantean Guevara et al. (2020). Consecuentemente, la investigación documental se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por esto, todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento como lo exponen Casares, et al. (1995). Para la consolidación de la información, se requiere del análisis de datos cualitativos, los cuales pretenden descubrir temas y conceptos.
Por otra parte, la entrevista se cuenta con el apoyo de un ex funcionario de la ONU que ha apoyado la lucha contra la criminalidad con las facultades otorgadas y dentro de los convenios internacionales que le confirió la Comisión en Guatemala (CIGIG). En este orden, se procede a sistematizar la experiencia adquirida como Comisionado y validar la entrevista que se realizará a funcionarios estatales o expertos que realizan acciones judiciales o de investigación criminal, como se puede evidenciar en el anexo D. La validación corrobora la validez del instrumento que, concierne a un tipo de investigación intencionada; en este sentido, Strauss & Corbin (2002) plantean que el objetivo principal debe ser la apropiación analítica de experiencias plasmadas desde un ejercicio implícito ético.
A su vez, para en análisis documental obtenido en fuentes oficiales, en la tabla 2 se representa las etapas de consulta, contraste longitudinal desde un enfoque cualitativo, desde la revisión y las acciones desarrolladas en estas etapas concerniente al abordaje de la problemática que enfrenta actualmente Colombia.
Tabla 2
Flujograma del análisis documental
Nota: La tabla muestra el flujograma del análisis documental. Elaboración propia.
Teniendo en cuenta lo que expresan Gómez Mendoza et al (2010) que “una investigación no se planifica y tampoco se lleva a cabo de una manera lineal” (p. 93), cada avance siempre debe estar sujeto a los ajustes necesarios; en este sentido, la metodología se convierte entonces, en la estrategia o, si se quiere, en el plan de acción que orienta la investigación y recoge los diferentes métodos y técnicas utilizadas, tanto para la recolección de los datos como para el análisis.
A la luz de lo anterior, la presente investigación se ampara en el análisis de la corrupción en Colombia a partir de un estudio comparativo de la gestión y resultados obtenidos no solo por la Contraloría, Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, sino también por la CIGIG.
3.1. Descripción de la propuesta metodológica
En esta parte se intentará abordar el tema de la corrupción, desde la fuente, identificando los elementos que pueden motivar a los actores (estatales y no estatales) a verse mezclados en casos de corrupción. No obstante, es necesario abarcar diferentes conceptos que expliquen grosso modo las diferentes causas originan la prolongación de la corrupción, siendo necesario analizarlo en relacionado con la ética, en este sentido, la Real Academia de la Lengua Española (2022) la define como “Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”. Lo ideal para cualquier comunidad, es que las acciones de un individuo vayan en función al bienestar común de toda la sociedad y abandonar los intereses particulares frente al bienestar colectivo.
Así las cosas, según la F.M (2019) el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló los resultados de la más reciente encuesta de cultura política del país, en la cual se da a conocer la percepción que tienen los colombianos sobre la corrupción en el país. El órgano estatal más corrupto es el Congreso de la República, con una participación del 46.3%; le sigue el Gobierno Nacional con un 41,7% y el tercer puesto es ocupado por la rama judicial con el 34,9%. Por su parte, las instituciones que los ciudadanos consideran que son menos corruptas son los entes de control y los empresarios, gremios y organizaciones privadas.
De acuerdo a lo anterior, el Estado debe generar las políticas de responsabilidad social sobre conflictos de intereses, con respecto contratación pública y sus contratistas, además de diseñar una política de responsabilidad para reestructurar el control de los organismos del Estado y así configurar una sociedad justa y en paz, esa debe ser la prioridad cuando parte del andamiaje social y contractual del Estado esta permeado por actos de corrupción e impunidad. Asimismo, según la Revista Semana (2022) en una reciente encuesta de la ANDI sobre la percepción de los empresarios sobre el impacto de la corrupción en Colombia, ubicaron al sector salud como el más fácil de permear por actos de corrupción, al departamento de la Guajira como el territorio donde abunda la corrupción y la impunidad y a Aduanas Nacionales como la institución gubernamental más corrupta como se evidencian en las siguientes figuras 4, 5 y 6.
Figura 4
Departamentos con mayor corrupción en Colombia
Nota: La figura muestra la clasificación por Departamentos en relación con los indicadores de corrupción. Tomado de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019.
Figura 5
Sectores que han sido más afectados por la corrupción
Nota: La figura muestra la clasificación por Departamentos en relación con los indicadores de corrupción. Tomado de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019.
Figura 6
Instituciones gubernamentales que han sido más afectados por la corrupción
Nota: La figura muestra la clasificación por Departamentos en relación con los indicadores de corrupción. Tomado de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2019.
Los anteriores resultados evidencian una realidad; Colombia perdió la guerra contra la corrupción, pareciera que los corruptos son inmunes frente a un débil ordenamiento jurídico que los persigue y los castiga, con ínfimas sanciones que terminan cumpliendo con medidas extramurales, bajo la figura de una casa por cárcel, lo que acelera los procesos de impunidad.
Sin embargo, volviendo al análisis del estado del arte que se debe guardar y tomando como punto de partida los anteriores aportes, se puede inferir que el comportamiento corrupto en Colombia, está asociado al contexto y la motivación, el comportamiento y la personalidad (narcisista y antisocial) de los actores, descritos en la siguiente tabla.
Tabla 3
Caracterización de la corrupción y los corruptos
| Actores | Personalidad | Comportamientos | Contexto |
| Públicos/ Privados | Narcisista y/o Antisocial | Solidarios Participativos Cínicos Culpables Impunes Libres | Político Económico Social Cultural Religioso |
Nota. Caracterización de la corrupción y los corruptos. Construcción propia a partir del estado del arte.
En cuanto al factor contextual, se podría inferir que la formación histórica de los territorios, sus herencias y prácticas culturales y sociales han sido asociadas a los factores económicos y políticos en que se desenvuelven, así como las necesidades que padecen, afectan los comportamientos que se desarrollan en sociedad; por ello, al momento de abordarlos y analizarlos, resulta de vital importancia contextualizarlos para poder comprenderlos en toda su dimensión; lo anterior significa, que es necesario registrar los aspectos de tiempo, modo y lugar, relacionados con los hechos de corrupción.
Por otro lado, podría señalarse que el factor depende del nivel de libertad de los individuos, las oportunidades de participación que tienen en los asuntos públicos y privados, la discrecionalidad para su administración, la efectividad y la dureza de los castigos, el nivel de relacionamiento, amiguismo o corresponsabilidad que se maneje al interior de la sociedad y por supuesto, el grado de civismo o grado de pertenencia que desarrollan, frente a sí mismos y los demás, es decir, el nivel de respeto, confianza y consideración que se sienta por el otro; en consideración, las anteriores características deberán describirse en torno a cada uno de los individuos vinculados con los hechos corruptos.
Los anteriores factores, pueden desembocar en la definición de los dos tipos de personalidad, que han descrito los diferentes autores, es decir, se pueden tener individuos narcisistas, caracterizados por su egocentrismo, grandiosidad y un elevado espíritu de invulnerabilidad, que atribuyen los errores a factores externos; y los antisociales, caracterizados por su frialdad, su carencia de valores éticos, morales y cívicos, su actitud manipuladora, engañosa y falsa, y su excesiva ambición.
Recogiendo lo anteriores aportes, en general todos los autores apuntan a la existencia de dos (2) tipos de personalidad, que se asocian con el fenómeno de la corrupción; por ello, resulta necesario referenciar de manera más amplia, las características particulares, de cada uno de los trastornos de la personalidad, descritos y clasificados como narcisistas y antisociales. Sobre el particular, González et al. (2011) señalan que:
No existen datos objetivos que permitan determinar la incidencia real de la corrupción”, aunado a que la dificultad para medirla radica en que: “i) como todo crimen, es oculto y no es probable encontrar quien admita haber estado involucrado y ii) utilizar el mayor número de procesos judiciales por corrupción, como una señal de mayor nivel corrupción en un país, puede ser equívoco (p. 263).
No obstante, los autores anteriores consideran que perviven dos iniciativas para aproximarse a la corrupción. En primera instancia acudir a la experiencia a priori o a las apreciaciones de individuos investigados por corrupción. En segunda instancia, determinar si existen instituciones formales que se consideran esenciales para la reducción de los riesgos de corrupción.
Como ya se ha demostrado teóricamente, al analizar la corrupción nace la dificultad de utilizar algún tipo de indicador que brinde cierto grado de confiabilidad y efectividad, cuando se trata de, se optó tomar como base, la matriz registrada en la Tabla 3 partir de la cual, se abordaron los casos de corrupción seleccionados, ocurridos y/o conocidos en Colombia durante la última década y se presenta a continuación las variables que previamente han sido consideradas como potenciales determinantes de la corrupción en la tabla 5, y que deberán ser tenidas en cuenta en el ejercicio empírico que se desarrolla más adelante, junto a otras que propone este estudio.
En la tabla 4 se observan las variables endógenas (índices de percepción de la corrupción) y exógenas (determinantes) analizadas, junto a una propuesta de clasificación, los signos esperados de las respectivas relaciones estadísticas con base en la revisión del estado del arte, las alternativas de medición y las fuentes empleadas. Además, en la justificación teórica que sigue no solo se mencionan las razones que usualmente aparecen en la literatura, reconociendo que cada factor puede incidir en determinados comportamientos de la sociedad ante la ocurrencia de hechos.
Tabla 4
La corrupción y sus determinantes: variables consideradas
Nota: La tabla muestra las variables consideradas en la investigación. Elaboración propia.
Por lo tanto, la corrupción pública se puede entender como una desviación de las actuaciones de los políticos y empleados en relación con el comportamiento que se espera del funcionario público; sin embargo, este flagelo se extiende porque está condicionado por el contexto en que la función pública ejerce en la sociedad. Del mismo modo, características como la efectividad del aparato judicial y su independencia son fundamentales para combatirlo.
En resumen, lo que pretende desarrollar esta investigación se desprende tanto de los conceptos como de las definiciones planteadas, los casos abordados, así como falencias y limitaciones que permiten dar cuenta de la manera como se abordó el análisis de los entes de control e investigación estatal, lo que permite inferir que es necesario la creación de la Comisión Internacional para combatir la corrupción y la impunidad en Colombia y mejorar el nivel de percepción como se evidencia en la figura 7
Figura 7
Percepción del nivel de corrupción en el sector público en países y territorios de todo el mundo.
Nota: La ilustración muestra el nivel de corrupción en el sector público en el país frente al mundo. Tomado de Transparencia internacional, 2021.
3.2. Técnicas de recolección de la información
Como instrumento de recolección de la información se realiza una entrevista no estructurada con el fin precisar conceptos y obtener mayor información en cuanto al conocimiento y sus apreciaciones ante las experiencias como investigador, fiscal o jurista en temas de política exterior y cooperación internacional en la lucha contra la criminalidad. Este tipo de entrevista se basa en Hernández et al., (2014) con una guía de asuntos o preguntas, donde se presenta la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información relevante a fin de obtener información sobre procesos, procedimientos, limitaciones, protocolos y propuestas para mejorar la efectividad en policía judicial para la lucha contra la criminalidad.
Las preguntas serán clasificadas según Mertens (2010) citado en Hernández et al (2014) de opinión, conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación. Se realiza la obtención de información a través de los registros sistemáticos en la labor de campo, para en análisis de documentos de diversa índole, las cuales son expuestas a consideración de los entrevistados.
3.3. Población y muestra
Teniendo en cuenta las diferentes perspectivas evaluadas en este estudio, se ha optado por la muestra no probabilística, es decir únicamente sobre los elementos estudiados. Esta información es obtenida mediante entrevistas a funcionarios adscritos a la Policía Nacional, al Honorable Senado de la Republica, funcionarios públicos, políticos de amplia experiencia en temas de gobierno y políticas públicas, funcionarios de investigación criminal nacionales y extranjeros que hayan participado como investigadores en la comisión internacional de la ONU como apoyo a la criminalidad en países de la región como se evidencia en la Tabla 5.
Tabla 5
Población y muestra para la investigación
Nota: La tabla muestra la población y muestra de la investigación. Elaboración propia
3.4. Instrumentos
Para la construcción del instrumento, se diseñaron 10 preguntas, 5 preguntas para funcionarios y exfuncionarios de investigación criminal de la ONU como se observa en el anexo B. Asimismo, se realizaron 5 preguntas para funcionarios y juristas de Colombia, como se observa en el anexo C. Todas ellas fueron clasificadas en opinión, expresión de sentimientos, conocimientos, sensitivas, de antecedentes y de simulación que fueron validas por un experto, como lo explicita los anexos D.
3.5. Validez de instrumento
El instrumento de recolección de información fue validado por un juez expertos en la temática y metodología, quién evalúo las preguntas diseñadas y las variables de estas, además, aprobó el cuestionario que se enmarca dentro de los criterios de claridad, pertinencia, suficiencia, ubicación y relación con el constructo. Para su aprobación, se ha realizado un formato de validación como se pude observar en el anexo D.
3.6. Entrevista semiestructurada
Para el estudio cualitativo, se ha elaborado un cuestionario con preguntas sobre hechos y aspectos que interesan en la investigación a la muestra establecida. En esta entrevista se incluye una lista de preguntas específicas que recoge de forma literal las respuestas obtenidas. Como se puede apreciar en los anexos B y C respectivamente.
Para la construcción de las preguntas se ha diseñado una ficha técnica de la entrevista, en la que se establece las definiciones operacionales y categorías de análisis de los constructos que se van a evaluar con el instrumento de evaluación, se puede corroborar en el anexo A.
Capítulo 4: Resultados
A partir de la información brindada por los entrevistados, los cuales ocupan cargos de alto perfil. El honorable senador José Luis Pérez, Integrante Comisión Segunda del Senado de la República hace énfasis en la capacidad estatal para diseñar e implementar una política pública que respalde el accionar de la Comisión en Colombia y no suceda lo ocurrido en Guatemala. Lo cual, ocasionó un retroceso en la gestión que se adelantaba en la lucha contra la corrupción. Asimismo, ratifica su voluntad política para ser parte y garante en la construcción de la Comisión por ser conocedor de temas referentes a la política internacional, defensa nacional y fuerza pública. Su carrera diplomática y consular será un gran baluarte en los tratados internacionales derivados de la Comisión.
Al igual que en Guatemala, el Acuerdo de creación debe tener respaldo legislativo,
pero debe garantizarse la autonomía de operación para la ejecución de funciones en procura de blindar las acciones y permanencia en el tiempo. La comisión no debe ser a perpetuidad, sin embargo, sus prórrogas no deben estar sujetas a la voluntad política por el juego de intereses. Asimismo, la Comisión no debe suplantar las funciones de la Fiscalía General de la República y de las otras entidades que compartan los mismos objetivos misionales. Ella, debe ser un apoyo constante, neutral y eficiente.
La Comisión deberá rendir informes periódicos de su gestión de forma pública, y deberá tener planes con fines sociales y académicos trascendentales, a través de la educación pública y privada en todos los niveles. Asimismo, deberá estar conformada por personal altamente calificado y con destinación específica de funciones, quien ejecute actos de investigación debe ser extranjero con el apoyo de grupos especiales de investigación de los organismos de policía judicial colombianos.
Para su funcionamiento, se deben destinar y adecuar espacios físicos aptos para la celebración de todas las audiencias que garanticen la agilidad procesal, además del personal suficiente de Jueces y personal administrativo en sus diferentes instancias. Se debe prever a los funcionarios de la Comisión, el acceso a la mayor cantidad de bases de datos estatales y privadas, propendiendo por el respeto de datos personales en los casos que se requiera la autorización judicial. También, la Comisión contará con una unidad exclusiva para la ejecución de métodos especiales de investigación que faciliten previa autorización, la intervención de comunicaciones en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación.
Dentro de las sugerencias aportadas por los profesionales en investigación criminal, y como punto de partida desde el análisis de la entrevista como se evidencia en la tabla 6 se han conformado cuatro ejes: Estado e instrumentos jurídicos para combatir la corrupción e impunidad, corrupción política y sociedad, enfoques sectoriales sobre corrupción, corrupción privada y pública.
Desde la perspectiva del estado del arte y luego de las entrevistas, se plantean cuatro herramientas para combatir la corrupción: la primera, validar un ejercicio de Cooperación Internacional para enfrentar el lavado de activos y blanqueo de capitales derivados de grupos criminales. Segundo, incrementar la participación ciudadana como veedores públicos que permitan ser partícipes de los procesos de investigación y judicialización y garantes de los mismos. Tercero, crear un instrumento de comunicación ya sea digital y física capaz de mantener informada tanto la comunidad nacional, como a la internacional y, por último, crear un andamiaje legal efectivo desde el marco jurídico que permita crear un cambio en la sociedad.
Tabla 6
Matriz análisis de las entrevistas
Nota: La tabla muestra la matriz de análisis para las preguntas utilizadas en el instrumento de la investigación. Elaboración propia
Capítulo 5: Discusión
De acuerdo con lo expuesto por los entrevistados en Colombia, dentro de los cuales se encuentran el Doctor José Luis Pérez; Senador de la República, Integrante Comisión Segunda del Senado de la República. Dra. Dillian Francisca Toro; Presidenta Partido de la U, ex senadora y exgobernadora del departamento del Valle del Cauca. Javier Navarro Ortiz; coronel (RA) de la Policía nacional. Dr. Diego Fernando Guerrero Osejo; Magistrado de Sala Laboral Bogotá. Dra. Telma Aldana; Ex Fiscal General Guatemala se evidencian los siguientes constructos.
Colombia, es un Estado Social de Derecho que desde hace décadas unas limitantes para la investigación de delitos relacionados contra la administración pública, lo que ha generado una serie de escándalos que han afectado la institucionalidad. En este orden de ideas, estos fenómenos han minimizado el accionar de los entes de control y con un enorme impacto en la economía nacional dejan al desnudo las consecuencias de su poder.
La investigación ha confirmado que estos flagelos se encuentran enquistados en Colombia y en grande parte del continente. La percepción de la sociedad aumenta negativamente y genera un sentimiento de indignación que deteriora lentamente la ética y fortalecen las organizaciones al margen de la ley para incrementar su operatividad. A pesar de la judicialización, el impacto de la corrupción aumenta debido a la impunidad. El sistema judicial queda en deuda con la sociedad, permitiendo de esta manera que los buenos procesos investigativos desaparezcan, por el simple hecho que los corruptos queden libres o con mínimas penas. En fin, la falta de preparación y ausencia de conocimiento procedimental y jurídico es considerada por los entrevistados como una de las dificultades que la policía judicial debe afrontar para combatir estos flagelos. Asimismo, se debe tener en cuenta las limitaciones jurídicas, los criterios subjetivos, la eficiencia de los órganos de control y las actuaciones de servidores públicos.
Asimismo, promover campañas de participación ciudadana para crear conciencia social que impidan la proliferación de estos flagelos. También, organizar los mecanismos de investigación y sanción. Además, elaborar mapas de riesgos y planes anticorrupción, nuevos sistemas para la aprobación y monitoreo de proyectos financiados con regalías. Por último, ampliar el alcance del poder penal en favor de la recuperación de dineros y bienes apropiados de manera indebida para mejorar la operatividad administrativa.
Desde la perspectiva anterior y para posicionar en el imaginario social la idea de una Comisión se debe replantear la concepción que se tiene en la actualidad de los fenómenos en debate y no solo desde su descripción conceptual, sino en la forma de percibirlos y abordarlos. Para ello, se deben establecer políticas públicas de largo aliento blindadas en marcos normativos que impidan a la Comisión la misma suerte que en Guatemala.
Para concluir, se hace necesario replantear las estrategias que combaten la corrupción en Colombia, tanto en su contenido como en su tiempo de duración y forma de financiación y apoyo. Es allí, donde se hace viable la creación de una Comisión Internacional con las responsabilidades en torno a las herramientas y mecanismos para la prevención, investigación y sanción de la corrupción y la impunidad.
5.1. Conclusiones
La corrupción y la impunidad en Colombia son fenómenos que se encuentran enquistados en Colombia y en la región. La percepción de indignación ha venido creciendo deteriorando la ética en las bases sociales, porque se ha incentivado el arribismo y la búsqueda de dinero fácil desde las diversas esferas sociales, lo que a su vez promueve una reacción social en contra de la corrupción y la impunidad.
De acuerdo a los resultados de la tesis, la creación de una Comisión Internacional que combata la corrupción y la impunidad en Colombia es viable. Sería la respuesta institucional a la sociedad civil que demanda una intervención más eficiente en la lucha contra la corrupción e impunidad. Asimismo, el análisis cualitativo del instrumento, permitió inferir la necesidad del apoyo de una entidad internacional como la Organización de las Naciones Unidas ONU para combatir estos flagelos, lo cual representaría en la región un logro importante en la reducción de los índices de corrupción en impunidad.
En este sentido, la creación de la Comisión tiene como marco de referencia la experiencia de la CICIG, es desde su experticia en la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad que sirve como punto de apoyo institucional. Al igual que en Guatemala, el Acuerdo de creación debe tener respaldo legislativo, pero debe garantizarse la autonomía de operación para la ejecución de funciones. Es así que, para evitar la influencia de altos servidores públicos que pretendan obstaculizar las funciones de la Comisión, debe haber acompañamiento constante de la población civil, la comunidad estudiantil, académicos, empresarios, organismos de control nacional e internacional. Antes de iniciar labores, se deben prever las reformas legislativas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Comisión en sintonía con el marco legal.
5.2. Recomendaciones
De igual forma, como aporte para combatir la corrupción, se recomienda un empoderamiento para la implementación de la cultura anticorrupción permanente en todos los ámbitos académicos públicos y privados. Asimismo, se debe mejorar la interpretación de la normatividad frente a los casos de corrupción para minimizar el impacto de la impunidad. Se sugiere una reglamentación para que el condenado pierda el dominio sobre sus bienes y activos, por lo tanto, la extinción del derecho de dominio debe ser eficaz. En la misma línea jurídica, se hace imperativo una reglamentación para la muerte política de funcionarios corruptos y por último y no menos importante, se debe fortalecer tanto en tecnología, infraestructura y en pie de fuerza para aquellas entidades que investigan los actos de corrupción con apoyo internacional. Como puntos finales en las recomendaciones y con la intención de facilitar la interpretación de las aportaciones y herramientas planteadas a lo largo de la presente investigación, en la tabla 7 se presenta un análisis de resultados que pueden ser viables.
Tabla 7
Análisis de resultados y clasificación de las herramientas y aportaciones
| Análisis de resultados | Carácter y/o Dimensión |
| Promover una reforma que conlleve a replantear, la frágil inserción de los actos de corrupción en el ordenamiento jurídico. | Político y Legal. |
| Instaurar un marco normativo de largo aliento que permita la judicialización de los actos de corrupción e impunidad. | Político y Legal. |
| Reflexionar sobre la necesidad de designar y centralizar la tarea de lucha contra la corrupción y la impunidad en una sola entidad (nueva) a la cual, al mismo tiempo de delegarle funciones y encargos, también se le asignen recursos y herramientas tecnológicas e investigativas. | Político, Legal y Administrativo |
| Suscitar la participación decidida y activa de la sociedad desde un programa de estímulos para lograr un control social más efectivo. | Político, Administrativo, Académico y Educativo |
| Replantear y/o fortalecer el análisis comportamental de los funcionarios, revisando periódicamente sus estilos de vida, sus necesidades y expectativas, entre muchos otros aspectos, para detectar posibles riesgos de corrupción. | Político, Legal y Administrativo |
| Diseñar e implementar, protocolos de investigación adecuados, que ayuden a unificar los criterios de lucha contra la corrupción, en las diferentes jurisdicciones: penal, fiscal y disciplinaria. | Institucional. |
Nota: La tabla muestra recomendaciones adicionales como resultado de la investigación. Elaboración propia.
Referencias Bibliográficas
Aguilar Villanueva Luis F., (2012). Política pública. D.F. México: Editorial Siglo XXI.
Álvarez, D., Caputo, J. E., Quintana, A., & Sánchez, F. (2019). Factores políticos e institucionales asociados a la corrupción en gobiernos subnacionales en Colombia. Fedesarrollo
Álvarez, J., & Jurgenson, G. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa (Paidós Edu).
Bina, X., y Yinghong, H. (2016). The Political Impetus behind the Construction of Anticorruption Institutions in Developing Countries: An Analysis of the Process Leading up to India’s Lokpal and Lokayuktas Act (LALA). Social Sciences in China, 37 (3), 75-92.
Bonilla, E., Hurtado, J., & Jaramillo, C. (2009). La investigación aproximaciones a la construcción del conocimiento científico (L. Buitrago, Ed.; Alfaomega).
Calleros, A. & Escribano, B. (2014). Corrupción y Capital Social. España: Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC.
Cayón, E. (2021). Colombia no logra avances significativos en percepción de corrupción. https://transparenciacolombia.org.co/2021/01/28/colombia-no-logra-avances-significativos-en-percepcion-de-corrupcion/
Cetina, C. (2016). Corrupción: medición del problema y los problemas de su medición. Bogotá, Colombia: Secretaría de Transparencia
CICIG. (2018). Mandato y acuerdo | CICIG. Obtenido de Julio 28, 2018, de http://www.cicig.org/cicig/mandato-y-acuerdo/ contra la impunidad en Guatemala (CICIG), analizada a partir de la teoría transnacionalista. Universidad Rafael Landívar.
Cázares, L., Christen, M., Jaramillo, E., Villaseñor, L., y Zamudio, L. E. (1995). Técnicas actuales
de investigación documental. Trillas. Obtenido de: https://www.casadellibro.com/libro-tecnicas-actuales-de-investigacion-documental/9789682438295/357027
Correa Fernández, Marlon de Jesús (2017). Corrupción en Colombia: El lado oscuro de un país en desarrollo. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, IX (18), pág 55-74.
Decreto 0019. (2012). Departamento administrativo de la función pública. Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 deí Decreto 1081 de 2015, relativo al «Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano», (2016).
Decreto 1686. (2017). Por medio del cual se modifica el Decreto 1081 de 2015-Decreto Reglamentario Único del Sector de la Presidencia de la República, en lo que hace referencia a las Comisiones Regionales de Moralización.
Decreto 1829. (2017). Continuación del decreto ‘por el cual se crea el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto-SIIPO».
Decreto 2069. (2013). Por el cual se suprime y se crea una Alta Consejería Presidencial.
Decreto 338. (2019). Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción. http:///www.secretariatransparencia.gov.co/Documents DECRETO 338 DEL 04 DE MARZO DE 2019
Decreto 4637. (2011). Por el cual se suprime y se crea una Secretaría y se suprime un programa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y se dictan otras disposiciones.
Departamento Administrativo de la Función Pública. (2018). Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas—Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.
Estatuto anticorrupción. (2011). Avances y desafíos tras cinco años de su expedición secretaría de transparencia Presidencia de la República ley 1474 de 2011.
Galán Galán, A. (2013). Buena administración e instrumentos jurídicos de lucha contra la Corrupción, la experiencia española. En Contraloría General de la República, La Corrupción, flagelo mundial (págs. 35-45). Bogotá, D.C.: Imprenta Nacional de Colombia.
García, M. & Revelo, J.E. (2010). Estado Alterado. Clientelismo, mafias y debilidad institucional en Colombia. Bogotá: Colección Dejusticia.
García, M. (2009). Normas de papel. La cultura del incumplimiento de reglas. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Gómez Mendoza, M. Á., Deslauriers, J.-P., & Alzate Piedrahita, M. V. (2010). Cómo hacer una tésis de maestría y doctorado. Investigación, escritura y publicación (Primera ed.). Bogotá, D.C., Colombia: ECOE Ediciones.
González, L. Z. (2018). La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Una organización autodirigida. Foro Internacional, 58(3), 493-536. https://doi.org/10.24201/FI.V58I3.253
Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). RECIMUNDO, 4(3), 163-173. https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173
Gutiérrez, E. (2016). Guatemala fuera de control. Nueva Sociedad, 263, 81-95
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?key=impune
Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. En Igarss 2014 (Mc Graw Hi, Número 1). https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2
Huber, Bárbara. (2002). “La lucha contra la corrupción desde una perspectiva supranacional”. EN: Anales de la Facultad de Derecho, No. 19, 2002, La Laguna, Universidad de La Laguna, p. 95-96, disponible en https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/18453/AFD_19_2002_05.pdf?sequence=1
Impunity Watch. (2015). Estrategias de incidencia ciudadana para monitorear procesos de elección de magistrados. Ciudad de Guatemala: IW.
Institute for Economics and Peace (IEP). (2015). Peace and Corruption. De: https://anticorrupcionmx.org/archivo/biblioteca/Peace-and-Corruption.pdf
Lapalombara, J. (1994). Structural and Institutional Aspects of Corruption. Social Research, 61(2): 325-350.
Leal, F. (1989). Estado y Política en Colombia. Bogotá, Colombia: Siglo XXI
Leins, C. (2020). The 10 Most Corrupt countries, Renked By Perception. U.S. NEWS. Disponible en: https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/10-most-corrupt-countries-ranked-by-perception
Ley anticorrupción Guatemala https://www.fao.org/faolex/results/details/fr/c/LEX-FAOC202694/
Lupu, N. (2017). Chapter 3. Corruption in the Americas. En A. Barometer, The Political Culture of Democracy in the Americas 2016/2017 (págs. 49-66). Latin America Public Opinion Project.
Mac Master Bruce (2022). ¿Cuáles son las regiones y sectores más afectados por la corrupción en Colombia? Revista Semana. https://www.semana.com/pais/articulo/percepcion-de-corrupcion-de-los-empresarios-colombianos/241291/
Maldonado Copello, A. (2011). La lucha contra la corrupción en Colombia: La carencia de una política integral. Friederich Ebert Stiftung en Colombia – FESCOL-., http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/08285.pdf
Mishra, A. (2006). Persistence of Corruption: Some Theoretical Perspectives. World Development, vol. 34 (2): 349-358. doi:10.1016/j.worlddev.2005.03.010
Morris, S. D., & Schussheim, V. (1992). Corrupción y política en el México contemporáneo. Siglo Veintiuno Editores.
Nye, J.S. (1967). Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis. The American Political Science Review, 61(2): 417- 427.
Organización de las Naciones Unidas. (2020). ¿Por qué la Corrupción Afecta al Desarrollo? Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De: https://anticorrupcionmx.org/archivo/biblioteca/FactSheet_4.pdf
Oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. (2015). La comisión internacional contra la impunidad en Guatemala. WOLA. Obtenido de: http://www.cicig.org/uploads/img/2015/others/NOT_023_20150325_Informe_Wola.pd
Real Academia Española. (2022). 23a edición. Recuperado el 16 de febrero de 2022, de https://dle.rae.es/corrupci%C3%B3n
Real Academia Española. (2022). 23a edición. Recuperado el 23 de febrero de 2022, de https://dle.rae.es/%C3%A9tico
Restrepo Medina, M. A. (2021). La responsabilidad fiscal como instrumento en la lucha contra la corrupción en Colombia: perspectiva crítica. En H. Olasolo Alonso, E. Buitrago Díaz, C. S. Mané Granados, & A. Sánchez Sarmiento (Eds.), Respuestas Nacionales e Internacionales al Fenómeno de la Corrupción: Particular atención al ámbito iberoamericano (pp. 479-508). Tirant lo Blanch. https://editorial.tirant.com/free_ebooks/9788413787992.pdf
Rose–Ackerman, S. (2008). Corruption and Government. International Peacekeeping, 15 (3), pp.328–343.
Ruiz, N.A. (2018). The Power of Money. The Consequences of Electing a Donor Funded Politician. Disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3123592
Russián Clodosbaldo (2003). Medidas de prevención de la corrupción: la función de los sectores privado y público. Acción mundial contra la corrupción Los documentos de Mérida. (P. 25-30)
Sánchez Bernal, Javier. (2010) “La corrupción en el sector privado: debate en torno a su inclusión en el Código Penal”. op. cit., p. 208.
Sánchez, L. F. (2013). Actores no gubernamentales interestatales: Comisión internacional.
Secretaría de transparencia Republica de Colombia. (2013). Documento conpes 167.
Serrano, K., (2019). La respuesta del Estado colombiano a la corrupción desde el Derecho penal. Revista Misión Jurídica, 12, (17). 261-285.
Sistema Integrado de Información (2019, 12 noviembre). Ranking de los organismos estatales más corruptos, según el Dane. La FM. https://www.lafm.com.co/colombia/ranking-de-los-organismos-estatales-mas-corruptos-segun-el-dane
Tanzi, Vito (1998). Corruption Around the World: Causes, Consequences, Scope and Cures. International Monetary Fund: WP/98/63.
Transparencia internacional. (2021). Colombia: Entre los países donde esfuerzos anticorrupción están estancados. https://transparenciacolombia.org.co/2020/01/22/colombia-entre-los-paises-donde-esfuerzos-anticorrupcion-estan-estancados/
Transparencia por Colombia. (2013). La corrupción en Colombia – radiografía y retos.Recuperado de http://www.transparenciacolombia.org.co/index.ph
Villoria, M. y Jiménez, M. (2012). ¿Cuánta corrupción hay en España? Los problemas metodológicos de la medición de la corrupción. Revista de Estudios Políticos, 156, 13-47.
Wolfensohn, James. (1998). Estrategia de Principios Básicos contra la Corrupción. Perspectivas Económicas (Publicación Electrónica de USIS), Vol. 3, No. 5, noviembre de 1998. Tomado de la página del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción.
Ziovas, D. (2003). Sistemas penales comparados. Corrupción en el sector privado: Alemania. Revista Penal (11), 151- 191. Recuperado de: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12596/Corrupci%c3%b3n.pdf?sequence=2
Anexos
Anexo A: Ficha técnica de la entrevista semiestructurada
Apreciado(a)________________________________, como estudiante de la maestría en Investigación Criminal estoy interesada/o en explorar los conocimientos y percepción acerca de
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, usted tiene derecho a la privacidad, por lo que la información recogida en esta entrevista es de carácter confidencial y será utilizada únicamente para efectos académicos.
Deberá decir si está de acuerdo o no con participar de esta entrevista teniendo presente que el consentimiento informado le otorga a usted el derecho a ser tratado éticamente, sin llegar a ser vulnerado en su integridad como persona.
¿Está de acuerdo en participar? SI NO
| TÉCNICA | Entrevista semi estructurada con 04 preguntas relacionadas con las experiencias investigativas, conocimientos y apreciaciones sobre la lucha contra la corrupción en Colombia y viabilidad de apoyo internacional de la ONU, las preguntas son establecidas de acuerdo al funcionario, conocimiento y nacionalidad. |
| POBLACIÓN OBJETIVO | Funcionarios que adscritos y que han trabajado en la ONU, funcionarios de los organismos de control (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría) en Colombia, investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y Cuerpo Técnico de Investigación. |
| CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN | Funcionario público Nacional e internacional, con experiencia en la lucha contra la corrupción Colombia y países hispanos |
| OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ENCUESTA | A través de las definiciones operacionales se podrá obtener una caracterización acerca del crimen, la corrupción y los aspectos que generan impunidad en Colombia. |
| DEFINICIONES OPERACIONALES | Categorías de análisis de los constructos que se van evaluar con el instrumento: Antecedentes de los casos de corrupción que más han afectado el país y la atención prestada por los gobiernos y las consecuencias generadas. Antecedentes de la corrupción, atención prestada por el gobierno y consecuencias generadas por estas decisiones Protocolos establecidos en la atención de casos de corrupción Dificultades y limitaciones jurídicas para la atención en casos de corrupciónDificultades en procedimientos operacionales por las autoridades competentes de la investigación.Experiencias particulares en la atención de casos investigadosTipos de delitos abordadosEspacios donde se presentanGrupos irregulares beneficiados en aspectos de corrupción Percepciones, sentimientos y razonamientos de la experiencia en la judicialización de actos de corrupción en Colombia Opinión frente a los organismos de control en la investigación criminal por actos de corrupciónLimitaciones frente a la judicialización de políticos y personas con poder socio económico corruptos Logros obtenidos en la cooperación Internacional de la ONU en la lucha contra la criminalidad Percepciones, sentimientos y razonamientos de la problemática colombiana en el aumento de la percepción de corrupción. Opinión frente a la corrupción en Colombia Percepción general en la judicialización de casos de corrupción en ColombiaFactores que influyen para generar casos de corrupción en ColombiaRazonamiento frente una posible cooperación de la ONU en la lucha contra la criminalidad en actos de corrupción y frenar la impunidad. |
| TRABAJO DE CAMPO | Noviembre 2021 |
Anexo B: Instrumento de evaluación funcionarios y exfuncionarios de investigación criminal de la ONU
Dentro de la investigación acerca de la posible asistencia de una cooperación internacional como apoyo en la lucha contra la corrupción en Colombia, se requiere saber su percepción frente la lucha contra la criminalidad que fomentan la corrupción e impunidad y la posible adopción para enfrentar la problemática colombiana.
Anexo C: Instrumento de evaluación funcionarios en Colombia
Dentro de la investigación acerca de la posible asistencia de una cooperación internacional como apoyo en la lucha contra la corrupción en Colombia, se requiere saber su percepción frente a su percepción y experiencias frente a la lucha contra la corrupción en Colombia.
Anexo D: Formato de validación jueces expertos
INSTRUMENTO QUE PRETENDE EVALUAR
| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
| Nombres y apellidos | Iván Velásquez Gómez |
| Cargo | Ex Comisionado de la CICIG |
| Nivel de estudios | Doctorado |
Dada la problemática en Colombia por el aumento de la corrupción e impunidad en Colombia, reviste de importancia un estudio ajustado a las teorías actualizadas en el marco jurídico y procedimental para el abordaje de los delitos que contribuyen a esta tendencia. Es así que se hace necesario el diseño del instrumento para entender las opiniones acerca de la posibilidad de una cooperación internacional para el abordaje de esta problemática mediante un análisis de los logros obtenidos por la ONU. De esta manera entender la concepción del poder y del equilibrio de las instituciones para permitir el acompañamiento y apoyo de organismos de cooperación internacional.
Al lograr identificar cuáles son los factores que fomentan el aumento de la corrupción e impunidad, se puede realizar una propuesta para una posible cooperación internacional en el abordaje de casos de corrupción en Colombia, de esta manera recuperar la credibilidad en la Política y administración de justicia.
Estimado Evaluador:
- : Hace referencia a aspectos relacionados con la redacción y la construcción gramatical de cada una de las afirmaciones que componen el instrumento, en relación al objetivo de medición.
- : Hace alusión al grado de correspondencia o coherencia entre lo que evalúa el reactivo y el constructo a evaluar con relación al propósito del instrumento.
- : Aporte o contribución individual del ítem a la comprensión del constructo a evaluar, de forma que los ítems que la conforman sean suficientes y necesarios para su medición.
- : Se refiere al orden lógico en el que se ubica cada ítem con relación a las del instrumento.
DEFINICIÓN: variable
Para efectos de la evaluación cuantitativa de los reactivos que componen el instrumento, es necesario adjudicar un valor a cada uno en los criterios anteriormente descritos, así:
- Claridad: Donde (1) Es claro, (2) No es claro.
- Pertinencia: Donde (1) Es pertinente, (2) No es pertinente.
- Suficiencia: Donde (1) Es suficiente (2) Es insuficiente.
- Ubicación: (1) Adecuada, (2) Inadecuada.
Respetado Juez Experto a continuación encontrará cada uno de los ítems que componen la parte socio demográfica inicial del instrumento, por favor colocar en frente si se tiene alguna sugerencia frente a las preguntas o si se tienen nuevas afirmaciones que se deseen sugerir. Asimismo, a continuación, encontrará cada uno de los ítems que componen el instrumento que pretende identificar las características de la CICIG y su posible aplicación en la lucha contra la corrupción e impunidad en Colombia, para efectos de la evaluación de la calidad técnica del instrumento, amablemente se solicita marcar con una (X), de acuerdo a la escala anteriormente presentada y colocar las observaciones o sugerencias que se consideren pertinentes con relación a cada ítem propuesto.
Entrevista a funcionarios y exfuncionarios de investigación criminal de la ONU
| No | ÍTEMS | CLARIDAD | PERTINENCIA | SUFICIENCIA | UBICACIÓN | OBSERVACIONES | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | Desde su experiencia profesional, ¿cuál es su opinión frente a la corrupción? | X | X | X | X | |||||
| 2 | Desde su experticia, ¿Cuál considera que es la causa principal de este fenómeno? | X | X | X | X | |||||
| 3 | Desde una perspectiva universal, ¿cuáles son las instituciones que históricamente han demostrado ser las más corruptas? | X | X | X | X | |||||
| 4 | ¿Cuáles son los mayores problemas y restricciones jurídicas que enfrentaría Colombia en el caso de un posible apoyo internacional en la lucha contra la corrupción? | X | X | X | X | |||||
| 5 | ¿Cómo evaluaría la creación de una comisión internacional que ayude al Estado colombiano en su lucha contra la corrupción y la impunidad? | X | X | X | X |
Entrevista a funcionarios y juristas de Colombia
| No | ÍTEMS | CLARIDAD | PERTINENCIA | SUFICIENCIA | UBICACIÓN | OBSERVACIONES | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | Desde su experiencia profesional, ¿cuál es su opinión frente a la corrupción en Colombia? | X | X | X | X | |||||
| 2 | Desde su experticia, ¿Cuál considera que es la causa principal de este fenómeno? | X | X | X | X | |||||
| 3 | ¿Cuáles son las mayores limitaciones jurídicas para la judicialización en casos de corrupción en Colombia? | X | X | X | X | |||||
| 4 | ¿Qué aspectos considera que se deberían tener en cuenta para implementar una institución como la Comisión Internacional para combatir la corrupción y la impunidad? | X | X | X | X | |||||
| 5 | ¿Cómo evaluaría la creación de una comisión internacional que ayude al Estado colombiano en su lucha contra la corrupción y la impunidad? |
Anexo F. Entrevistas
Entrevista N° 1.
Fecha: 3 de mayo de 2022
Nombre del entrevistado: José Luis Pérez
Rol: Integrante Comisión Segunda del Senado de la República.
Objetivo: Evaluar la necesidad de una cooperación internacional que mejore la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
Dentro de la investigación acerca de la posible asistencia de una cooperación internacional como apoyo en la lucha contra la corrupción en Colombia, se requiere saber su percepción frente la lucha contra la criminalidad que fomentan la corrupción e impunidad y la posible adopción para enfrentar la problemática colombiana.
PREGUNTAS
- Desde su experiencia profesional, ¿cuál es su opinión frente a la corrupción en Colombia?
La corrupción es un fenómeno social que no permite que se estabilice verdaderamente nuestro Estado Social de Derecho. Porque, para hablar de corrupción implica hablar de lugares comunes, de políticas construidas idealmente sobre la prevalencia del interés general y de la protección a la moralidad administrativa. Un fenómeno característico de las sociedades humanas que por décadas ha socavado la economía de nuestras regiones y nos ha desgastado por años desde lo económico, político y social.
- Desde su experticia, ¿Cuál considera que es la causa principal de este fenómeno?
La falta de empatía social. Hablo de cuando una persona se encuentra en una posición de poder, pero no entiende ni le interesan los problemas que afectan al pueblo.
- ¿Cuál es la mayor limitación jurídica para la judicialización en casos de corrupción en Colombia?
La lucha de intereses. Somos conocedores que, en las instituciones, especialmente en las públicas existe una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores para beneficiar sus círculos de poder.
- ¿Qué aspectos considera que se deberían tener en cuenta para implementar una institución como la Comisión Internacional para combatir la corrupción y la impunidad?
Lo más importante es que su objetivo primario sea apoyar y fortalecer las instituciones encargadas de la investigación y persecución penal de los delitos cometidos contra el erario público. Igualmente, la Comisión debe luchar contra un fenómeno social amplio y complejo que involucra aspectos políticos, jurídicos, culturales, económicos y éticos, por lo tanto, la lucha debe ser interdisciplinaria y con la ayuda de la comunidad internacional.
- ¿Cómo evaluaría la creación de una comisión internacional que ayude al Estado colombiano en su lucha contra la corrupción y la impunidad?
Positiva. En general, se debe combatir fuertemente la relación que existe entre corrupción y democracia, es decir, que cuanto menos democrático sea un sistema político, más corrupto también. En Colombia, la corrupción política generalizada está considerada como efecto de un estado deficiente, con una severa falla de liderazgo ético y consistencia democrática. La corrupción sólo puede ser revertida en un marco de democratización del Estado, y para ello debe ser viable una Comisión que establezca los lineamientos más prácticos para combatir la corrupción, la impunidad y sus causas.
Entrevista N° 2.
Fecha: 2 de mayo de 2022
Nombre del entrevistado: Dra. Dillian Francisca Toro
Rol: Presidenta Partido de la U
Objetivo: Evaluar la necesidad de una cooperación internacional que mejore la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
Dentro de la investigación acerca de la posible asistencia de una cooperación internacional como apoyo en la lucha contra la corrupción en Colombia, se requiere saber su percepción frente la lucha contra la criminalidad que fomentan la corrupción e impunidad y la posible adopción para enfrentar la problemática colombiana.
PREGUNTAS
- Desde su experiencia profesional, ¿cuál es su opinión frente a la corrupción en Colombia?
Debido a la conducta competitiva del mundo globalizado que se expande principalmente a través del comercio, los mercados, los negocios, las inversiones, el flujo de capital, entre otros; en Colombia se ha impulsado el individualismo, la desconfianza y la agresividad, y el resentimiento entre sus distintos entes de control lo que ha debilitado la institucionalidad. Desde esta perspectiva, somos un territorio altamente atractivo para la corrupción y la impunidad.
- Desde su experticia, ¿cuál considera que es la causa principal de este fenómeno?
La falta de delimitación entre lo público y lo privado. Lo cual ocurre cuando no hay una delimitación clara en la ley acerca de dónde llega la jurisdicción de un servidor público, entre la diferencia de lo público y lo privado.
- ¿Cuáles son las mayores limitaciones jurídicas para la judicialización en casos de corrupción en Colombia?
Nadie cuestiona que el buen funcionamiento de una sociedad requiere la existencia de un sistema de justicia independiente, ágil, de calidad, imparcial, con observancia de las normas legales preexistentes, en el cual la justicia se imparta de manera efectiva en un tiempo prudencial, de tal forma que los demás elementos esenciales de un óptimo sistema judicial no resulten obsoletos ante la falta de prontitud en las soluciones presentadas. Pero es obvio, nuestro sistema judicial esta estancado y necesita de un impulso para ser eficaz, eficiente y óptimo.
- ¿Qué aspectos considera que se deberían tener en cuenta para implementar una institución como la Comisión Internacional para combatir la corrupción y la impunidad?
Desde esta óptica, se debe reclamar legitimidad normativa, reglas claras y precisas, una política pública que blinde su permanencia en el tiempo y no se caiga en el error de Guatemala. Es decir, la Comisión debe funcionar para producir resultados eficientes y justos y que se convierta en un aliado estratégico de los entes de control y no en un rival.
- ¿Cómo evaluaría la creación de una comisión internacional que ayude al Estado colombiano en su lucha contra la corrupción y la impunidad?
Positiva, pero se debe hacer un análisis muy detallado para evitar lo sucedido en Guatemala en el transcurso histórico de la CIGIG como modelo único en el mundo, se debe analizar las transformaciones adoptadas para combatir la corrupción. Es indispensable su experiencia para que en Colombia la Comisión tenga un correcto funcionamiento y una efectividad judicial ajustada a la constitucionalidad, sus limitaciones para no perjudicar el ordenamiento judicial ya establecido.
Entrevista N° 3.
Fecha: 12 de mayo de 2022
Nombre del entrevistado: Javier Navarro Ortiz
Rol: Coronel (RA) Policía Nacional de Colombia
Objetivo: Evaluar la necesidad de una cooperación internacional que mejore la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
Dentro de la investigación acerca de la posible asistencia de una cooperación internacional como apoyo en la lucha contra la corrupción en Colombia, se requiere saber su percepción frente la lucha contra la criminalidad que fomentan la corrupción e impunidad y la posible adopción para enfrentar la problemática colombiana.
PREGUNTAS
- Desde su experiencia profesional, ¿cuál es su opinión frente a la corrupción en Colombia?
La corrupción se convirtió en una conducta que provoca falta de ética en los gobernantes y en la mayoría de los ciudadanos. Es decir, se ha gestado un deterioro de la sociedad debido a un alto porcentaje de las inclinaciones a intereses personales para la acumulación de capital, generando una sociedad deteriorada en valores. De allí parte el término corrupción, que significa hacer abuso o mal uso del poder público para obtener provechos o ventajas personales.
- Desde su experticia, ¿cuál considera que es la causa principal de este fenómeno?
Los altos índices de impunidad. Y esta situación anómala se debe a factores que favorecen la corrupción, entre ellos está el sistema tan débil para detectar los casos de corrupción y uno aún más débil para castigarlos, lo cual deja a la deriva ciertos pensamientos de complicidad dentro de los organismos del Estado.
- ¿Cuál es la mayor limitación jurídica para la judicialización en casos de corrupción en Colombia?
La carencia de una política pública que blinde el accionar policial y judicial. Así como en otros temas relacionados con la seguridad pública, una política abocada a combatir la corrupción y la impunidad debe necesariamente incorporar medidas de prevención y sanción de manera simultánea. Para enfrentar la corrupción desde el interior de las fuerzas militares. Asimismo, es necesario determinar si existen debilidades institucionales, en cuyo caso deberán implementarse políticas.
- ¿Qué aspectos considera que se deberían tener en cuenta para implementar una institución como la Comisión Internacional para combatir la corrupción y la impunidad?
La confianza es un aspecto fundamental para la vida social y la democracia. Por un lado, es un elemento clave para la existencia de cohesión y capital social y, por el otro, es necesaria para sostener las relaciones que surgen entre los individuos y las instituciones nacionales e internacionales. Más aún, la confianza es muy importante para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia criminal. Y una Policía altamente capacitada para coadyuvar en los objetivos misionales que se trace la Comisión.
- ¿Cómo evaluaría la creación de una comisión internacional que ayude al Estado colombiano en su lucha contra la corrupción y la impunidad?
Positiva, más aún, si la Comisión apoya la idea de compromiso de la Policía con la comunidad, la cual se relaciona ampliamente con el alineamiento moral con los ciudadanos, que algunas instituciones y gobiernos extranjeros ya han identificado como el elemento moral, ideológico o normativo de la legitimidad. En definitiva, el accionar de la Comisión debe ser tejida como instrumento judicial capaz para interpretar, combatir y prevenir los problemas y fenómenos reales de nuestros territorios.
Entrevista N° 4.
Fecha: 10 de mayo de 2022
Nombre del entrevistado: Dr. Diego Fernando Guerrero Osejo
Rol: Magistrado Sala Laboral Bogotá.
Objetivo: Evaluar la necesidad de una cooperación internacional que mejore la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
Dentro de la investigación acerca de la posible asistencia de una cooperación internacional como apoyo en la lucha contra la corrupción en Colombia, se requiere saber su percepción frente la lucha contra la criminalidad que fomentan la corrupción e impunidad y la posible adopción para enfrentar la problemática colombiana.
PREGUNTAS
- Desde su experiencia profesional, ¿cuál es su opinión frente a la corrupción en Colombia?
Ha sido costumbre de gobiernos, políticos, y medios de comunicación en Colombia focalizarse en un problema grave para debatirlo, analizarlo y combatirlo, usualmente dejando de lado otros no menos críticos que, a la postre, explotan con graves consecuencias, para ahí sí convertirse en el incendio que se debe apagar en el momento. Pasó con la guerrilla, el contrabando, el narcotráfico, la crisis de la salud, la parapolítica y en el presente con la llamada corrupción.
- Desde su experticia, ¿cuál considera que es la causa principal de este fenómeno?
La falta de fiscalización de empleados públicos, tanto por rigurosos organismos transparentes como por la misma indiferencia de las personas en cierto caso, dado que un gobierno y un pueblo que no exijan y juzguen una buena transparencia, se convierte en un Estado que está condenado a sufrir el escarnio de funcionarios corruptos.
- ¿Cuáles son las mayores limitaciones jurídicas para la judicialización en casos de corrupción en Colombia?
En un contexto amenazado por poderosos enemigos como el narcotráfico y los actores del conflicto armado, las presiones sobre la justicia son cada vez mayores y de diversa índole
La misma corrupción endémica de otros sectores estatales afecta el funcionamiento de la justicia, permeándola de vicios que se encuentran alojados ya en los códigos culturales de la nación, dejándola condicionada.
- ¿Qué aspectos considera que se deberían tener en cuenta para implementar una institución como la Comisión Internacional para combatir la corrupción y la impunidad?
Es muy importante identificar a través de un mapa de riesgos las áreas más críticas y vulnerables de la corrupción en especial la judicial; así se garantiza la pertinencia de las propuestas de crear una Comisión con la capacidad para combatir la corrupción, blindar la justicia o tomar medidas de control y sanción donde la impunidad es manifiestamente más evidente.
- ¿Cómo evaluaría la creación de una comisión internacional que ayude al Estado colombiano en su lucha contra la corrupción y la impunidad?
De positiva. Dada la naturaleza de los bienes y problemas que se discuten en los órganos jurisdiccionales se incrementarían las probabilidades de que los operadores empleen la colaboración internacional para ampliar su rango de poder, atribuciones y facultades para combatir la impunidad y minimizar la corrupción. Asimismo, a lo anterior se suma que el sistema hoy no reúne las garantías de transparencia y los controles son débiles, el escenario es altamente propicio a la corrupción, pero con un aliado como la ONU y con una Comisión Internacional, el panorama cambiaría totalmente.
Entrevista N° 5.
Fecha:17 de mayo de 2022
Nombre del entrevistado: Dra. Telma Aldana
Rol: Ex Fiscal General Guatemala
Objetivo: Evaluar la necesidad de una cooperación internacional que mejore la lucha contra la corrupción y la impunidad en Colombia.
Dentro de la investigación acerca de la posible asistencia de una cooperación internacional como apoyo en la lucha contra la corrupción en Colombia, se requiere saber su percepción frente la lucha contra la criminalidad que fomentan la corrupción e impunidad y la posible adopción para enfrentar la problemática colombiana.
PREGUNTAS
- Desde su experiencia profesional, ¿cuál es su opinión frente a la corrupción?
Nada de eso es contradictorio con el proceso de mundialización en que vivimos inmersos que la corrupción. Para empezar, habría que aclarar bien lo que significa verdaderamente. Habitualmente se alude a la corrupción como un problema de tipo jurídico, es decir, como el resultado de una serie de acontecimientos de abuso del poder protagonizados por unos gobernantes que no tienen el menor obstáculo en violar la ley y a los que el estado general de laxitud social consiente dejar impunes en sus crímenes y delitos.
Es un imperativo instaurar una afilada distinción entre lo sociológico-moral y lo jurídico, sin que ello implique renunciar a fijar la existencia de una estrecha conexión entre cierto género de corrupción y determinada clase de cultura política que ha hecho carrera en el continente.
- Desde su experticia, ¿cuál considera que es la causa principal de este fenómeno?
El clientelismo político. El cual considero como uno de los peores fenómenos en la política. Al hablar de clientelismo se hace referencia al favoritismo por alguna persona o grupos de personas en cuanto al otorgamiento de bienes o investiduras políticas, por razones meramente subjetivas o personales ajenas a un juicio meritorio objetivo. Esto se convierte en un problema de contradicción en el que se quiere exigir transparencia cuando esta no
es aplaudida por la misma sociedad, inclusive se puede decir que se ve como sinónimo de debilidad.
- Desde una perspectiva universal, ¿cuáles son las instituciones que históricamente han demostrado ser las más corruptas?
La corrupción ha penetrado muchas instituciones públicas y privadas e impactado claramente en la calidad de vida de la población, la cual depende estrechamente de los servicios públicos elementales, educación, salud, transporte, vivienda, seguridad,
nutrición, entre otros. El problema se agudiza para la población más vulnerable y en condiciones de desventaja, socavando su realización plena y el respeto a sus derechos humanos. La correlación entre la corrupción, impunidad y violación a los derechos humanos es cada día más visible. Surgen nuevos indicadores que muestran la estrecha vinculación entre estos.
- ¿Cuáles son los mayores problemas y restricciones jurídicas que enfrentaría Colombia en el caso de un posible apoyo internacional en la lucha contra la corrupción?
Son varias, pero todas sobresale el compromiso que se adquiera con la ONU, porque le corresponde garantizar la transparencia del Estado en los procesos y este ejercicio no es una función que dependa exclusivamente de los entes encargados o de la Comisión. La transparencia estatal se tiene que fortalecer en todos los ámbitos de la vida, del actuar y de los funcionarios públicos. Si bien es cierto que Colombia cuenta con legislación nacional e internacional contra la corrupción y a favor de los derechos humanos. Por ello, el actuar de la Comisión no se trata de carencia de marco legal, sino de carencia de voluntad política y social para luchar y frenar, de alguna manera, uno de los peores actos que afectan y laceran por completo el desarrollo de una nación.
- ¿Cómo evaluaría la creación de una comisión internacional que ayude al Estado colombiano en su lucha contra la corrupción y la impunidad?
Positiva, porque la Comisión se ha constituido en un mecanismo sumamente importante para nuestras investigaciones, es por ello, al observar el panorama colombiano es necesario dar viabilidad a la construcción de este instrumento trasnacional para poder que se avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Creo que las instituciones que más se fortalecerán con la presencia de la Comisión serán la Fiscalía General de la Nación y el sistema de Justicia.
En este sentido, la Comisión estará en la capacidad de garantizar la transparencia de los procesos judiciales y vincular a la sociedad civil debido al impacto de los bajos índices de impunidad. Se debe tener en cuenta que Colombia está cambiando, la sociedad organizada ha despertado y ha tomado conciencia del flagelo de la corrupción y su devastador efecto dominó que llega a perjudicar siempre a los más pobres, a los más excluidos y a los más olvidados. Sucesos que pueden ser capitalizados por partidos políticos.